Es un hecho incuestionable que el servicio prestado a la ciudadanía por las entidades financieras ha empeorado en estos últimos años.
Tomando como excusa el confinamiento domiciliario decretado a raíz de la pandemia de la covid-19, las entidades financieras han tratado de obligar a los ciudadanos a que realicen sus operaciones, casi exclusivamente, vía online, y hay que decir que lo han logrado en una buena medida
El número de sucursales ha disminuido drásticamente, se ha reducido el número de cajeros automáticos, cada vez hay más trabas para realizar operaciones en efectivo, la atención personalizada cada vez es más escasa y, en muchos casos, imposible de obtener si no se ha solicitado cita previa.
El usuario financiero se ve obligado a tener un cierto dominio de las nuevas tecnologías, algo que entraña no pocas dificultades para una parte considerable de las personas de cierta edad
Muchas de las operaciones que anteriormente eran realizadas por los empleados han de ser realizadas ahora por el cliente, por lo que éste se acaba convirtiendo en un empleado de la entidad financiera.
Y todo ello sin que las comisiones hayan disminuido.
El pasado jueves el Parlamento Foral rechazó una moción, presentada por Contigo Navarra, en la que se instaba al Gobierno Foral a tomar las medidas pertinentes para la creación de una Banca Pública.
Dicha moción únicamente contó con el apoyo de EH Bildu, votando en contra de la misma la totalidad de los parlamentarios del resto de formaciones políticas (UPN, PSN, Geroa Bai, PP y Vox).
Aunque el riesgo de injerencia política o la muy posible ausencia de rentabilidad fueran algunos de los argumentos esgrimidos por dichos partidos para no apoyar la moción, pienso que la razón fundamental de su negativa pudiera ser otra muy diferente ya que la creación de una banca pública haría disminuir los beneficios de las entidades financieras actuales, unas entidades financieras de las que se encuentran cautivos la mayor parte de los partidos políticos ya que son las que financian sus campañas electorales.
Ciertamente, nuestros representantes políticos deberían de haberse mostrado más sensibilizados hacia el sentir de una parte muy considerable de la ciudadanía, la cual se encuentra muy descontenta con el servicio prestado por las entidades financieras privadas y echa en falta la cercanía en el trato y el carácter social de las antiguas cajas de ahorros.
