30 a 20. Este es el resultado habitual en el Parlamento de Navarra en los debates sobre política de vivienda. También lo fue en el pleno ordinario del pasado 9 de octubre, a raíz de una moción presentada por el PSN.

Más allá de las diferencias legítimas entre los distintos grupos parlamentarios, lo cierto es que, a grandes rasgos, existen dos modelos enfrentados: la vivienda como derecho o como mercancía.

Quizá pueda resultar simplista, pero en el fondo es ese y no otro el debate que subyace cada vez que se trata la cuestión de la vivienda en el Parlamento de Navarra.

30 como derecho, 20 como mercancía. Por ahora, al menos, así es como se dirime el debate en el Parlamento de Navarra.

Y es que no hay que perder de vista que la crisis de la vivienda no es coyuntural ni local, es estructural y global. Esto ocurre porque la vivienda se ha tratado durante muchas décadas como un activo financiero, en lugar de tratarlo como lo que es, un derecho fundamental para que las personas puedan desarrollar vidas dignas y plenas.

El problema afecta de lleno a la juventud, que no puede emanciparse; a las familias trabajadoras, que destinan una parte excesiva y creciente de sus ingresos al alquiler o la hipoteca; a las personas mayores, que sufren la soledad y la falta de alternativas habitacionales; y también a nuestros pueblos, donde la escasez de vivienda disponible dificulta el arraigo y acelera la despoblación.

Frente a ello, cabe preguntarse: ¿en qué lugares se garantiza mejor el derecho a la vivienda? ¿Allí donde la Administración regula el mercado, o donde todo se deja al libre juego de la oferta y la demanda? ¿Derecho o mercancía?

La experiencia europea ofrece ejemplos valiosos de cómo la regulación y la intervención pública pueden ayudar a equilibrar el mercado sin frenarlo. En Viena, más de la mitad de la población vive en vivienda municipal, regulada o subvencionada, fruto de más de un siglo de políticas públicas sostenidas que comenzaron tras la Primera Guerra Mundial en la llamada Viena Roja. En Alemania, el pionero sistema de regulación del alquiler permite que los estados federados declaren zonas de mercado tensionado, donde los nuevos contratos no pueden fijar precios superiores en más de un 10% al alquiler de referencia local. Este modelo, vigente desde 2015 y recientemente prorrogado hasta 2029 con el apoyo de la gran coalición de gobierno, se aplica ya en centenares de municipios y protege a millones de inquilinos frente a subidas abusivas, reforzando la estabilidad residencial sin paralizar el mercado. En Suecia, la mayor parte del mercado se rige por acuerdos colectivos entre asociaciones de inquilinos, propietarios y gobiernos locales, un modelo que combina estabilidad de precios y seguridad jurídica.

Estos ejemplos muestran que la intervención pública, cuando se planifica y evalúa, funciona. Las políticas de control y regulación no destruyen el mercado, lo ordenan y lo orientan al interés general. De lo contrario, será el mercado quien imponga sus reglas a la sociedad.

Dicho de otra manera: el libre mercado secuestra la función social y residencial de la vivienda, para convertirla en un activo financiero, en un producto especulativo muy rentable.

Por tanto, la solución no pasa únicamente por construir más vivienda –que también–, sino por desplegar un conjunto coherente de medidas sostenidas en el tiempo y coordinadas entre distintos niveles administrativos.

En Navarra, gracias a las mayorías progresistas que hemos logrado configurar, hemos dado pasos importantes en los últimos años: la calificación indefinida de la vivienda protegida, la Ley Foral de Vivienda Asequible o la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado son solo unos de los ejemplos. Son avances que marcan un cambio de paradigma.

Y volviendo a la última moción debatida, se planteaban dos cuestiones: reforzar la información y comunicación de los derechos y obligaciones de estas nuevas medidas, y animar a las entidades locales a que colaboren con el Gobierno de Navarra en la construcción de un parque público de vivienda asequible.

Son cuestiones con las que estamos totalmente de acuerdo, si bien recordábamos que, las normas, más allá de compartirlas, si no se establecen garantías de cumplimiento efectivo, no dejan de ser meros deseos.

Por eso mismo planteamos una enmienda que también fue aprobada, instando al Gobierno a la elaboración de un Calendario Público de Campañas de Inspección en las Zonas de Mercado Residencial Tensionado y un Informe Anual de Resultados. Transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía, además de impulsar un deseado efecto disuasorio ante tentativas de fraudes y abusos.

Existen precedentes. En salud laboral o en seguridad alimentaria hay campañas programadas de inspección. En materia de vivienda, en Reino Unido, Irlanda o Francia, e incluso en ciudades como Barcelona, la supervisión del mercado del alquiler es una práctica consolidada. ¿Por qué no también en Navarra?

También advertimos de algo que observamos en los últimos tiempos, que nos preocupa y que, por desgracia, tampoco es nuevo. Me refiero al aumento de alquileres de temporada en portales inmobiliarios, una vez declaradas las Zonas de Mercado Tensionado. Ya sabemos a qué conduce esto: a fraudes masivos que esquivan las limitaciones de precios en zonas tensionadas. Sin refuerzo inspectivo y de control, Navarra repetirá errores de otros lugares.

En definitiva, queremos cambiar las reglas del juego para hacer efectivo el derecho subjetivo a la vivienda y no queremos que esto quede en papel mojado. Queremos que las normas y medidas que se están aplicando gracias a las mayorías progresistas pasen del derecho escrito al derecho real: recursos en materia de inspección suficientes, control efectivo, sanciones claras y políticas que lleguen a todo el territorio. Porque necesitamos certezas, necesitamos derechos garantizados, no literatura jurídica.

*El autor es parlamentario foral de EH Bildu Nafarroa