Durante años, en las empresas hemos dado por hecho algo que condiciona cada día la vida de nuestras personas: cómo llegan a trabajar. Lo hemos tratado como un asunto individual, cuando en realidad es una decisión colectiva que hemos dejado sin gestionar.

La reciente aprobación del Real Decreto-ley 7/2026 de España obliga a determinadas empresas a desarrollar planes de movilidad. Es un avance. Pero el debate no debería empezar en la obligación, sino en la responsabilidad. Porque la movilidad no va solo de organización. Va de salud, de tiempo y también de seguridad.

Cada día se producen accidentes in itinere y en misión que forman parte de la realidad de nuestras empresas, aunque muchas veces no los integremos en nuestra reflexión estratégica. No son ajenos: son trabajo, son empresa y, como todo accidente, debemos pensar que son evitables. A esto se suma el impacto en emisiones, en estrés y en eficiencia. Todo ello configura una dimensión empresarial que hemos normalizado sin cuestionarla.

El riesgo ahora es convertir los planes de movilidad en un trámite más: documentos estándar que cumplen formalmente, pero no transforman nada. La movilidad no se puede copiar ni imponer. Es específica de cada organización, un traje a la medida. Por eso, los planes que funcionan son los que se construyen escuchando. Entendiendo dónde están las personas, cómo se desplazan y qué barreras tienen. Incorporando su experiencia real.

Y, a partir de ahí, tomando decisiones muchas veces sencillas: flexibilidad horaria, teletrabajo cuando aporta valor, facilitar el transporte colectivo o compartir coche. Medidas concretas, con impacto directo. La movilidad es uno de los pocos ámbitos donde coinciden de forma clara la vida de las personas, la eficiencia de la empresa y su contribución al entorno. Por eso, no deberíamos esperar a que nos obliguen. Porque, en el fondo, cómo nos movemos también define qué empresa somos.