El problema no son los menores, sino el modelo de gasto

La polémica sobre el chalet deGorraiz utilizado para alojar a menores extranjeros no acompañados no debería abordarse desde el odio ni desde la demagogia fácil. El verdadero debate es otro: cómo se gestionan los recursos públicos y por qué el Gobierno de Navarra considera razonable destinar más de medio millón de euros anuales a seis plazas residenciales de lujo mientras miles de familias navarras sufren dificultades para acceder a vivienda, atención psicológica o ayudas sociales básicas.

Según los propios datos oficiales, el centro residencial especializado cuenta con seis plazas ocupadas y el coste anual estimado asciende a 93.029 euros por menor. Eso supone más de 550.000 euros al año sufragados por todos los contribuyentes. La pregunta es inevitable: ¿es este el modelo más eficiente, proporcional y justo de protección de menores?

Nadie discute que los menores deben ser protegidos. Es una obligación legal y moral. Pero proteger no significa aceptar cualquier nivel de gasto sin debate público, sin fiscalización y sin explicar por qué se opta por recursos de altísimo coste en una de las zonas más exclusivas de Navarra. Mientras tanto, muchas familias navarras esperan meses para recibir atención especializada; jóvenes tutelados nacionales salen del sistema sin apoyo suficiente; y entidades sociales denuncian falta de medios en áreas esenciales. Resulta legítimo preguntarse si el Gobierno está priorizando adecuadamente los recursos.

El problema no es el origen de los menores. El problema es un modelo político basado en el gasto descontrolado, la falta de transparencia y la utilización ideológica de políticas sociales sin evaluación real de resultados. Una administración responsable debería explicar:

• Por qué se eligió un chalet de lujo en Gorraiz.
• Qué servicios concretos justifican ese coste.
• Qué alternativas más sostenibles se estudiaron.
• Qué resultados obtiene este modelo frente a otros recursos menos costosos.

La solidaridad no puede convertirse en un cheque en blanco. Y exigir control del dinero público no es xenofobia: es sentido común y responsabilidad democrática. La ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se gastan sus impuestos y a exigir que cada euro destinado a políticas sociales responda a criterios de eficacia, proporcionalidad y equidad.