Lo ocurrido esta semana en el Parlamento de Navarra deja una de esas imágenes políticas difíciles de olvidar. Una ley impulsada por UPN, apoyada por PP y Vox, destinada a blindar temporalmente aulas de la enseñanza concertada, terminó saliendo adelante gracias a la abstención de Geroa Bai y EH Bildu. Y por mucho que ahora intenten justificar su decisión en explicaiones técnicas o desacuerdos de gestión, la realidad es mucho más simple: sin esas abstenciones, la ley no habría sido aprobada. Ese es el hecho político esencial. Todo lo demás son intentos de justificar lo injustificable.

La norma se ha presentado como una medida para evitar cierres de unidades concertadas ante el descenso de natalidad. Pero conviene recordar algo elemental: el problema demográfico afecta a todo el sistema educativo, especialmente a la escuela pública, que lleva años asumiendo reorganizaciones, reducción de unidades y ajustes sin recibir privilegios ni moratorias especiales. Ahí reside una de las grandes contradicciones de esta ley. Cuando los ajustes afectan a la pública, se habla de planificación y sostenibilidad. Cuando afectan a determinados centros concertados, aparecen las excepciones, las urgencias y las leyes a medida.

Y precisamente por eso resulta tan grave la posición adoptada por quienes llevan años llenándose la boca con la defensa de la escuela pública. Geroa Bai y EH Bildu han construido buena parte de su discurso político denunciando los privilegios históricos de la concertada y reivindicando un modelo educativo basado en la prioridad de la red pública. Han criticado durante años las políticas educativas de la derecha. Han hablado de equidad, de cohesión y de planificación responsable. Pero cuando han tenido la oportunidad de actuar en consecuencia, deciden abstenerse y permiten que una iniciativa de UPN salga adelante. La incoherencia es evidente.

UPN consiguió sacar adelante su propuesta no solo con sus votos naturales, sino gracias a la pasividad calculada de quienes supuestamente representan un modelo alternativo. La fotografía parlamentaria es demoledora: PP y Vox votando a favor junto a UPN, mientras EH Bildu y Geroa Bai observaban desde la cómoda posición de la abstención. La imagen proyectada es la de partidos atrapados entre el discurso ideológico y los intereses particulares, incapaces de mantener una posición clara cuando aparecen determinadas presiones. De ahí la rapidez, la tensión política y el giro argumental de esos partidos que hasta hace poco defendían exactamente lo contrario de lo que ahora han facilitado.

Mientras tanto, el problema de fondo sigue intacto. La caída de natalidad continuará obligando a tomar decisiones difíciles. Navarra seguirá necesitando una planificación educativa seria, equilibrada y sostenible. Y la escuela pública seguirá soportando gran parte de esos ajustes. La ley aprobada no resuelve nada. Simplemente aplaza el conflicto y crea una excepción política para evitar costes inmediatos.

La educación merece algo mejor que este espectáculo parlamentario. Merece coherencia, valentía política y una defensa clara del interés general. Lo ocurrido ha sido exactamente lo contrario.