Cuando discrepar se convierte en motivo de censura

Hace unos días recibimos una notificación del Ayuntamiento de Pamplona por la que se revocaba la autorización previamente concedida a Garenak Emakume Feministak para celebrar una charla en una sala municipal. La decisión nos sorprendió profundamente. No porque esperábamos que todo el mundo compartiera nuestras opiniones, sino porque la autorización fue retirada no por algo que hubiera ocurrido, sino por lo que algunas personas consideran que podría llegar a ocurrir. La actividad que habíamos organizado pretendía abordar dos cuestiones de actualidad que están generando debate social, educativo y político en Navarra y fuera de ella. Dos cuestiones que afectan a la infancia, la salud, la educación y las políticas públicas, y que, precisamente por su relevancia, creemos que merecen ser debatidas de manera abierta y democrática.

La primera de ellas hacía referencia a la controversia generada en torno a determinados campamentos educativos celebrados en Bernedo, Abaigar y Goñi. Se trata de una cuestión que ha trascendido ampliamente al espacio público y que ha dado lugar a denuncias de familias, investigaciones policiales y procedimientos judiciales. Más allá de cuál sea el resultado de dichas investigaciones, creemos que resulta legítimo preguntarse cuáles deben ser los límites éticos y pedagógicos cuando hablamos de menores, intimidad corporal y relaciones de poder entre personas adultas y niños/as.

La segunda cuestión hacía referencia a la evolución de determinados programas educativos relacionados con la educación afectivo-sexual, entre ellos Skolae, así como a la presentación y análisis de datos públicos procedentes de Transbide sobre transgenerismo en Navarra. Lejos de tratarse de una cuestión cerrada, estamos ante un debate internacional abierto. En los últimos años, distintos gobiernos, sistemas sanitarios, profesionales de la medicina, la psicología, la educación y también organizaciones feministas han revisado protocolos, cuestionado determinados enfoques y reclamado una evaluación más rigurosa de algunas intervenciones. Que existan posiciones diversas sobre estas cuestiones no debería ser motivo de escándalo. De hecho, es precisamente la existencia de perspectivas diferentes lo que hace necesario el debate.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Iruña, uno de los más progresistas de la historia, ha decidido impedir la celebración de esta actividad en un espacio público tras recibir las quejas de diversos colectivos que consideran que los planteamientos de la charla son transfóbicos. Lo más preocupante es que esta acusación no se fundamenta en declaraciones realizadas durante el acto (porque el acto nunca llegó a celebrarse) sino en interpretaciones y presunciones sobre lo que supuestamente podría haberse dicho.

Se nos atribuyen posiciones que no aparecen en el cartel, en el programa ni en los materiales preparados para la jornada. Se da por hecho que cuestionar determinadas políticas públicas equivale a cuestionar la dignidad de las personas. Se confunde el análisis crítico de programas educativos, protocolos o marcos teóricos con un ataque a colectivos concretos. Pero las políticas públicas no son dogmas. Deben poder ser evaluadas, discutidas y cuestionadas. La educación, la infancia y la salud son asuntos demasiado importantes como para quedar fuera del debate democrático.

Precisamente porque hablamos de recursos públicos, de programas impulsados desde las instituciones y de intervenciones dirigidas a menores de edad, la ciudadanía tiene derecho a conocerlos, analizarlos y debatir sobre ellos. Y las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar que ese debate pueda producirse, no de decidir qué posiciones son aceptables y cuáles deben quedar excluidas. Defender la libertad de expresión no significa compartir todas las opiniones. Significa aceptar que las discrepancias se resuelven mediante argumentos, evidencia y diálogo, no mediante vetos administrativos.

Nos preocupa el precedente que esta decisión establece. Porque hoy la censura afecta a una charla organizada por una asociación feminista. Mañana podría afectar a cualquier colectivo, asociación o persona que cuestione una determinada política pública o que sostenga una posición incómoda para quienes ostentan el poder institucional. La cuestión ya no es si alguien está de acuerdo o no con los contenidos de una charla. La cuestión es mucho más sencilla y mucho más importante: qué espacio queda para el debate libre cuando la mera discrepancia empieza a considerarse motivo suficiente para cerrar una puerta. Las democracias no se fortalecen silenciando las preguntas incómodas. Se fortalecen permitiendo que puedan formularse.

* Paula Castera Zabalza y Gemma Larrainzar Ridruejo

Garenak Emakume Feministak