Yesa, la compasión pasa factura

Hay decisiones políticas que revelan con claridad cuáles son las prioridades de quienes gobiernan. Lo ocurrido recientemente en Yesa merece una reflexión pública.

Un gato feral que vivía en el municipio padecía un cáncer facial avanzado e irreversible. La enfermedad le había provocado graves deformaciones y un sufrimiento insoportable. Ante esta situación, una voluntaria vinculada al cuidado de las colonias felinas lo trasladó a un centro veterinario, donde se confirmó que no existía tratamiento posible y que la eutanasia era la única opción para evitar que siguiera padeciendo un dolor extremo.

La actuación veterinaria puso fin al sufrimiento del animal. Sin embargo, lo que debería haber sido un ejemplo de humanidad y responsabilidad ha terminado convirtiéndose en una polémica que afecta directamente alAyuntamiento de Yesa.

El equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde Roberto Martínez, se niega a asumir el coste de la intervención veterinaria y la eutanasia. Se niega a pagar una factura derivada de la atención a un animal sin propietario, enfermo de forma terminal y sometido a un sufrimiento evidente. Se niega a hacerse cargo de un gasto que no nació de un capricho ni de una actuación arbitraria, sino de una decisión clínica adoptada por profesionales veterinarios para evitar un padecimiento innecesario.

Resulta difícil comprender esta postura. Los gatos comunitarios no aparecen por generación espontánea ni son responsabilidad exclusiva de quienes, de manera altruista, los alimentan y cuidan. Son animales que forman parte de una realidad cuya gestión corresponde también a las administraciones públicas. Cuando una persona voluntaria interviene para auxiliar a un animal moribundo, está realizando una labor que beneficia al conjunto de la comunidad.

Lo más preocupante es el mensaje que transmite esta negativa. Si una persona comprometida con el bienestar animal actúa ante un caso de sufrimiento extremo y posteriormente se encuentra sola frente a los costes económicos, ¿qué incentivo existe para que otros ciudadanos hagan lo mismo en el futuro? ¿Se pretende que un animal agonice durante días mientras se tramitan autorizaciones administrativas? ¿Es esa la imagen de sensibilidad y responsabilidad que quiere proyectar el Ayuntamiento?

La cuantía de una factura veterinaria es pequeña comparada con el valor ético de una actuación que evitó el sufrimiento de un ser vivo. Sin embargo, la negativa del equipo de gobierno de Yesa traslada una idea inquietante: que la burocracia y la falta de voluntad política pesan más que la compasión y el sentido de responsabilidad. Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si esta es realmente la manera en que debe actuar una administración pública ante un caso tan evidente de necesidad y sufrimiento animal.

*Gabriela Orduna, Ana García, Maika Muñoz Concejalas de Yesa Avanza y voluntarias de las colonias felinas