LA noticia de la denegación de amparo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a personas condenadas por las torturas y asesinato de los activistas de ETA, Lasa y Zabala, ha sido acogida con frialdad. No interesaba mucho. No interesaba porque hacerlo significaba comentar los motivos por los cuales esos delincuentes habían acudido al Tribunal de Derechos Humanos, después de haber conculcado ellos mismos unos cuantos y el del derecho a la vida el primero de ellos, y de que los tribunales españoles les denegaran no el amparo, sino la absolución que pedían sus defensores y con ellos una parte de la sociedad española que ve con buenos ojos cualquier forma de lucha contra ETA.
No fueron absueltos, pero sí excarcelados al poco de ser condenados. Por ejemplo, el Rodríguez Galindo, condenado a más de 70 años de prisión, salió a los cuatro. Otros participantes en el crimen de Lasa y Zabala no solamente no fueron condenados, sino que ni siquiera fueron procesados.
Entre los condenados, había un ex gobernador civil que acudió a unas dependencias de dantesca puesta en escena y en plan espectáculo gore o snuff, a ver cómo torturaban a unos detenidos. ¿Un perverso? No, un gobernador civil.
Y junto a él, un criminal uniformado a quien Belloch ascendió a general la víspera de ser juzgado para ver si de ese modo el tribunal no se atrevía a condenar por crímenes execrables a un general de la Guardia Civil. Belloch, por los cargos políticos ejercidos, estaba algo más que informado de la veracidad de las acusaciones que pesaban sobre los detenidos. Fue una forma "administrativa" de avalar si no los hechos mismos, sí su impunidad... siempre hay "más altos intereses" en juego, siempre. De esto se trata.
Mientras una parte de la sociedad acepte de viva voz o en su fuero interno que tales hechos y actuaciones son legítimas, correctas, tanto da que sea en aras de la protección de la propia seguridad como a modo de venganza, de castigo, de tormento merecido, o que pertenecen a esa zona oscura que debe tener todo gobierno para sostener su poder, zona en la que no hay que mirar, no vamos a ir muy lejos.
Quien hubiese necesitado la protección del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo habría sido Mikel Zabalza, a falta de la protección efectiva que no le brindaron los sucesivos gobiernos y las instituciones, y que después de 25 años archiva el caso, casi para celebrar las bodas de plata del crimen. Un somero análisis de la historia procesal del caso revela irregularidades flagrantes.
Resulta incomprensible ese archivo de ser cierto (como leo y casi transcribo de manera textual) que, como sucedía en el caso de Lasa y Zabala, ya en 1985, el CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) conocía que Zabalza había sido asesinado en Intxaurrondo y así consta en un informe interno del CESID que, a pesar de haber sido reclamado por el juzgado instructor, no pudo ser incorporado a la causa judicial ya que el Gobierno, el del PSOE de Felipe González como del Partido Popular de José María Aznar, negaron facilitarlo alegando que ese documento es secreto y, como viene siendo habitual en los crímenes de estado, su desclasificación pondría en peligro la seguridad del Estado... ¿La seguridad del Estado? ¿De qué Estado? ¿Existe realmente ese informe o todo lo que han dicho unos y otros es mentira? ¿Mentiras o verdades oficiales?
Me temo que se puede afirmar que Mikel Zabalza no solamente recibió un limitado apoyo o cobertura social, sino que tampoco lo recibió judicial o gubernamental, al margen de la puesta en marcha de un procedimiento inacabable que, oh casualidad, acaba de ser archivado por la Audiencia de Guipúzcoa.
¿25 años? ¿De qué justicia efectiva estamos hablando? Si en 25 años no se puede concluir que alguien muere asesinado es que algo falla, algo de verdad grave, en el sistema judicial. Y es lógico que ahora el ciudadano se pregunte ¿por qué, cómo es posible que se haya llegado a esto? ¿Cómo es posible que, pese a las pruebas presentadas con machacona insistencia, se haya llegado a ese resultado? ¿Qué es lo que se trata de cubrir con ese auto? ¿Que en España no se tortura? ¿Y si no es eso, qué entonces? ¿Qué bien jurídico se está protegiendo? ¿Qué valor dan los magistrados que se han ocupado durante estos 25 años a la vida de Mikel Zabalza?
"No obstante lo insatisfactorio que tal resultado conlleva tomando como referente axiológico el valor justicia...", dice el auto de la Audiencia de Guipúzcoa. ¿Eso equivale a decir que no ha habido justicia en este caso, que sólo ha habido corrección procesal, con una vida humana de por medio, con la certeza de la conducta execrable de uniformados? ¿Después de 25 años de denuncias e informaciones tan verosímiles como veraces? ¿Qué se hizo de aquellas informaciones de periodismo de investigación publicadas hace años?
Resulta llamativo comprobar cómo al periodismo de investigación le dejan de interesar estos temas si no convienen a la línea política o de apoyo o de acoso y derribo gubernamental puntuales que siga la empresa periodística que lo edita o dirige. Casi todo es según y cómo, según quienes sean los implicados, según los intereses que convengan al partido político en el Gobierno y a sus secuaces, a sus perros de prensa que a su dictado escriben.
Confieso que a mí este asunto me resulta ininteligible y me deja perplejo, algo más que perplejo. Soy de los ingenuos que esperaba desde hace 25 años que se hiciera justicia en un caso que enseñaba las costuras de la trampa, la mentira y el crimen de estado por todas partes. No ha sido así. Nuestra espera ha sido en balde. Está visto que aquí no se trata de verdad alguna ni de justicia, sino de habilidades dialécticas, de esgrimas procesales, de triquiñuelas, de más altos valores en juego que la vida de un ciudadano, como son la intachabilidad de un institución a la que a este paso habrá que jurar adhesión incondicional y frente a la que nuestras vidas no valen nada o muy poco. Meros peones, figurantes, hormigas.
