desde los sucesos del 8 de julio de 1978 en que la entrada de la Policía Nacional en la plaza de toros acabó provocando una tragedia, los mandos policiales que han pasado por Pamplona se lo han pensado dos veces antes de ordenar una intervención de sus muchachos en un contexto sanferminero. Hasta un idiota entiende que la combinación de alcohol y aglomeraciones puede hacer que cualquier aparición intempestiva del elemento uniformado traiga consigo, en el mejor de los casos, riesgos para terceros difíciles de asumir (estampidas, lanzamientos de objetos, etc.). Esto, que durante décadas ha estado tan claro, ha dejado de serlo en los últimos años, por obra y gracia de Yolanda Barcina, empeñada en pasar por encima de todo y de todos por hacer que sólo sea visible su modelo de ciudad. La semana pasada el Ayuntamiento nos anunció a bombo y platillo la detención de los jóvenes que respondieron con lanzamiento de botellas a la entrada de la Policía Municipal en la plaza del Ayuntamiento minutos antes del chupinazo de 2010. Uno de esos artefactos alcanzó a un madrileño en la cabeza, dejándole severas secuelas. Con toda la gravedad de este hecho, parece incluso que, si sólo hubo un herido, es porque el capote de San Fermín empezó a funcionar antes de tiempo. A nadie que haya participado alguna vez en la vorágine previa al cohete se le ocurriría nunca entrar allí a porrazos. No debe ser ese el caso de nuestra alcaldesa y de sus sheriffs a la cabeza de la Policía Municipal pamplonesa, empeñados en mantener su ley por encima de todo. SU ley, que no LA ley. Los munipas que el pasado 6 de julio entraron a saco en la plaza del Ayuntamiento repartiendo candela entre la gente que bailaba y bebía no actuaban para restaurar ninguna legalidad quebrantada, sino para impedir la exhibición pública de un símbolo completamente legal y legítimo como es la ikurriña. No entiendo cómo el tema todavía no está en los tribunales.
