Al cabo de unos meses, el Gobierno constituido tras las elecciones tendría que pasar una reválida. Las elecciones, prueba de acceso al poder. Una vez superada, y después de un periodo en prácticas, la confianza social habría que revalidarla. Un paso más en democracia real. Es que nos mienten, nos engañan, se aprovechan, se mofan, se burlan, se descojonan de la sociedad. Sobran las campañas electorales (ahorro notable en economía y salud mental). El lema común de campaña para los partidos hegemónicos y posibles asociados de conveniencia podría ser: "Esto es lo que pretendemos hacer (?), pero también podríamos hacer justo lo contrario". En medio, los puntos clave de la declaración de intenciones. De ahí la necesidad de una reválida temprana para verificar si se gobierna con las medidas comprometidas o con sus contrarias y si la ciudadanía lo acepta o lo reprueba. Una sociedad formada, informada, crítica, comprometida -que se sienta titular de la soberanía popular- ha de penalizar la falsedad y la incoherencia. No parece ser el modelo cívico ahora dominante. Cuando la herencia recibida justificara la adopción de decisiones opuestas a los argumentos dados para la captación del voto (fraude programático), el partido entrante y el saliente deberían contribuir a pagar la hosca demostrada. Con su patrimonio y con el de los miembros de su ejecutivo y de la cúpula de su estructura orgánica. Unos, por falsedad documental; los otros, por incompetencia en el control. Sucede al revés: los dirigentes políticos incapaces y dañinos salen premiados con fichajes en el ámbito privado sin detrimento de sus privilegios públicos. Hay que acabar con tanta traición y desvergüenza. Nadie sensato puede oponerse a reformas convenientes mediante actuaciones estudiadas y aplicadas con criterio científico riguroso. El tiempo de adoptarlas es cuando se demuestra su necesidad, no cuando el contexto apremia. Esta crisis tiene mucho de desfalco. Resulta escandaloso comprobar cómo los mismos administradores públicos implementan en diferentes legislaturas unas medidas y sus contrarias. El disparate les sale gratis. La contradicción no pone en duda su idoneidad para el cargo ni su conciencia profesional o política les impele a la dimisión. Sin esa reválida -susceptible de ser realizada mediante procedimientos informáticos-, el gobernante menosprecia la contestación social, esconde las explicaciones y se chulea ante las quejas. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría (de recio abolengo franquista) minimiza a quienes ejercen el legítimo derecho de la protesta. En el congreso regional del PP de Madrid hizo altiva ostentación de populismo: "Sentimos el aliento del pueblo que nos ha votado". El de los engañados y otros damnificados, en el cogote.
