El reproche de los jueces

Está bien que haya jueces que critiquen la concesión del doble indulto a los mossos condenados por torturar a un ciudadano rumano, de igual forma que parece estupendo que haya magistrados insumisos con los desahucios y que otros -no aquí, desde luego- se atrevan a investigar los casos de corrupción política. No todo en la Justicia es pleitesía al poder establecido. Lo sorprendente es que lo hagan ahora y en este caso. ¿Habrían dirigido iguales reproches al Gobierno en caso de que los indultados hubieran sido -es un decir- miembros de la Guardia Civil, y el torturado -se me ocurre- un detenido por un presunto delito de terrorismo? Hasta ahora no lo han hecho, cuando es público y notorio que el indulto a agentes policiales condenados por torturas no es que sea una excepción, sino la regla aplicada por todos los gobiernos, tanto socialistas como populares, desde la transición hasta nuestros días. En estas tres últimas décadas, se calcula que se han presentado en el Estado español más de 9.000 denuncias por malos tratos a personas detenidas en el contexto de la lucha antiterrorista, ciudadanos de la CAV y Navarra en su gran mayoría, muchos de los cuales han salido luego libres ante la Justicia. De todas ellas solo unas pocas decenas han superado los filtros de la maraña judicial, y se cuentan con poco más de los dedos de una mano las que han llegado a substanciarse en condenas firmes. Pues bien, todos, absolutamente todos los agentes condenados han acabado siendo indultados por el gobierno de turno. En algunos casos, con condecoración incluida. Se entiende mal este repentino escándalo de una parte de la judicatura ante un hecho que no es ninguna novedad. Si ha habido un estamento que ha contribuido a que la tortura siga existiendo en el Estado es precisamente el de los jueces. Ellos también, salvo excepciones tan honradas como escasas, han aplicado a rajatabla la doctrina de hacer sistemáticamente oídos sordos a cuantas denuncias tienen que ver con esta lacra.