la transparencia insinúa. Sin desnudar. A este símil textil equivale la legislación relativa al patrimonio e ingresos de los políticos. La transparencia realza unos rasgos y dificulta la nítida percepción de otros. A conveniencia del protagonista y, si necesario fuera, de sus asesores en estilismo legal, financiero y fiscal. La regulación de la transparencia -¡no nos dejemos camelar!- es solo un efecto placebo para calmar la irritada indignación ciudadana después de treintaicinco años de abusos, corrupciones, nepotismos, financiaciones irregulares, y de oscurantismo en las cuentas de instituciones, partidos, sindicatos, organizaciones patronales, fundaciones y empresas públicas, así como en las relaciones entre la política, la banca y las extintas cajas. Es tanta la mierda que no resistiría una retroactividad. Las declaraciones de bienes y rentas publicadas, que nadie verifica en su rigor antes de asumirlas en las fuentes oficiales, incitan a la extrañeza cuando no al escándalo. Los políticos ante un espejo de vidrio deformador de su realidad económica y patrimonial. La obligación de cumplimentarla alcanza a las Cortes Generales y, en lo más cercano, al Gobierno de Navarra y sus altos cargos. Pronto, a los parlamentarios forales. Nos pueden parecer cuentas o cuentos, pero nunca pasarán de elementos para el cotilleo. Lo extraño es comprobar que a algunos representantes políticos no les llega la camisa al cuello (apenas disponen de liquidez y casi carecen de patrimonio), a pesar de sustanciosos ingresos públicos, incluso prolongados en el tiempo. Lo escandaloso es la extendida constatación de políticos con varias retribuciones públicas, además de dietas, ayudas y privilegios fiscales y sanitarios. También, triquiñuelas en el uso de las ayudas por residencia y transporte y de las tarjetas para taxi, o el uso y hasta el simulado hurto o extravío de soportes informáticos. Desde luego, lo ilícito no va a aflorar por una Ley de Transparencia. En todo caso, esta ficción de transparencia individual habría que complementarla con otras medidas como la incompatibilidad entre cargos de partido e institucionales y entre diferentes cargos públicos, la limitación de tiempo en puestos internos y de representación, la supresión de cesantías y retribuciones vitalicias, las listas electorales abiertas, y la pérdida fulminante del cargo ante mentiras documentadas, imputaciones judiciales e incumplimientos graves. Regulación diáfana y control fino de la financiación de los partidos y sus satélites instrumentales. Información veraz y completa -individual y corporativa-, en un contexto de regeneración ética y de apertura a la implicación y participación permanente de la sociedad. No se puede confiar la transparencia a gente opaca.
