Ahora, a los atropellos gubernamentales, al no saber gobernar o al hacerlo desde Babia se le llama novedades. No solo han pervertido las leyes, sino, como hicieron los nazis, también el lenguaje. No llamar a las cosas por su nombre es una forma de escamotearlas, de mentir, de engañar a los ciudadanos, de hacerles creer que viven en una realidad distinta de aquella que soportan sobre sus espaldas, cada vez más despojados, más expoliados, más empobrecidos. Contra la tozudez de la realidad, humo. Contra la cruda realidad de que este gobierno no ha creado, ni sobre todo va a crear, un solo puesto de trabajo, pendejadas.
Así las cosas, los reproches alemanes en torno a la vagancia y a la corrupción españolas, contendrán desvaríos lamentables, como de elegante manera decía el otro día un comentarista. No lo dudo. Pero no menos desvarío, y no menos lamentable, es la cobertura de hecho del Tribunal Supremo sobre un caso escandaloso de corrupción institucional al impedir una querella que persigue el que haya decenas de diputados que, teniendo pisos en propiedad en Madrid, cobran cuantiosas dietas por vivienda: indefensión e inseguridad jurídica a raudales.
Sobre la vagancia no me pronuncio porque faltando trabajo de la manera escandalosa en que falta, suena cuando menos raro. En este país se hace ya lo que se puede, lo que no queda más remedio. Y es mentira que los españoles dejen en manos de los inmigrantes los trabajos más ingratos porque ya no hay tajo ni para unos ni para otros.
Inseguridad jurídica -y ninguna novedad en ese terreno, salvo que hablemos de manera clara de neofranquismo, de descarado régimen autoritario o policiaco- la que provoca el ministro del Interior azuzando a la Policía a denunciar a los participantes en los escraches por acoso, amenazas y coacciones, mientras el presidente del Tribunal Supremo dice que los escraches son legítimos. ¿En qué quedamos? ¿Quién manda aquí? ¿El que tiene la ley en la mano o el que tiene la porra y los matones a sus órdenes? Obviamente, el segundo. Eso produce una seguridad jurídica enorme... Lo que es del dominio público no necesita prueba. Hay 1.661 causas judiciales abiertas por corrupción. El Estado de Derecho parece hacer aguas, digan lo que digan, y caer poco a poco en el terreno de los modos dictatoriales de nuevo cuño. Solo quien los apoya de manera incondicional es incapaz de advertirlos. Me temo que una vuelta atrás es una tarea desmesurada que no entra en el programa político de nadie mientras en este no esté, de manera clara, la depuración estamental y el cambio de régimen.
Y estamos a un paso de que el derecho a la información, la libertad de esta y de opinión, se vean víctimas de serias novedades, con leyes de por medio o con inventos policiales. A la Policía, al régimen policiaco quiero decir, le incomoda la presencia de informadores. Los ven como un obstáculo para sus actuación incontrolada, en ese limbo de legalidad en el que el ministro se mueve a sus anchas.
Que un magistrado del Tribunal Supremo confiese haber participado en la venta de preferentes, calificadas de colosal estafa por un exdirectivo bancario y de robo masivo por un político del PP, añade un punto sórdido al andamiaje del sistema económico y jurídico. Y el nuevo engaño de los arbitrajes no hace sino corroborarlo: un arbitro de preferentes de Bankia veía perfil inversor en ancianos de 80 años. Los arbitrajes gubernamentales solo intentan evitar una demanda masiva contra personas directamente relacionas con el Gobierno y el Partido Popular. Este es un chiringuito que se cae a pedazos y solo se sostiene por la fuerza.
Así nada de extraño tiene que a las reformas fiscales se les llame, con desfachatez delictiva, novedades. Estamos en manos de granujas y eso tiene difícil remedio. Las fuerzas políticas de oposición no están por el cambio, sino por la reforma del sistema, que es muy distinto. Es decir, están por quitar a quienes ahora llevan al país a la ruina total, para ponerse en su lugar. Eso es lo que se dice en la calle, esa calle que no puede ser tomada, que no se toma, de hecho, no porque falte gente, porque seis millones de parados dan para cubrirla por completo, sino porque no se quiere, de verdad no se quiere. La prueba es que el otro día solo consiguieron reunirse 1.500 personas en torno, es un decir, al Congreso. Cifra que le sirve a la Cifuentes para sostener la novedad venenosa de que los ciudadanos están por el orden. No, los ciudadanos están acogotados por el miedo a perder lo poco que les va quedando, por el miedo a padecer la violencia policial ciega y la no menos ciega violencia burocrática o judicial. Ese es el verdadero perfil del país, sin novedades que valgan. Han configurado un país de sometedores y de sometidos, y de esas rentas viven.
Julio Anguita ha advertido días pasados de que la actitud del Gobierno, su vasallaje puede producir un estallido social. Vana advertencia, porque está visto que estamos muy lejos de ese estallido social que podría tumbar al Gobierno del Partido Popular y abrir la puerta a un cambio social, político y económico a un precio que la mayoría no está dispuesta a pagar, porque ese cambio tiene precio y no es barato.
He oído decir que el actual presidente de Gobierno y los suyos pasarán a la historia como unos políticos infames, auténticos vende patrias, protagonistas de la época más negra de nuestra historia desde la muerte del general Franco. En conciencia, creo que ese pasar o dejar de pasar a la historia (universal de la infamia) a los interesados no les preocupa ni poco ni mucho. Se han enriquecido, se están enriqueciendo, ellos y la casta que les apoya, y eso es lo único que cuenta. Qué más les dará la historia, si mientras están con vida pueden vivir como Dios. La muerte, la muerte en vida, solo va con los seis millones de parados, con sus familias, con los que se ven abocados a los comedores sociales, a la mendicidad encubierta, con las auténticas víctimas del imparable sistema de novedades sociales que imponen quienes les tienen sometidos.
