barcina ha contratado a un penalista de postín. Le da confianza, como se la dio a Jesús Gil o a Silvio Berlusconi, clientes prolíficos para un bufete de abogados. Lo pagará UPN. O sea, los ciudadanos contribuiremos a la defensa de Barcina porque la mayor parte de los ingresos de los partidos parlamentarios proceden de los institucionales, no de las cuotas de afiliados. La Ejecutiva de UPN, que ahora controla la presidenta del partido y del Gobierno, decidió pagar la defensa a sus cuatro imputados en la causa instruida por las dietas de la Permanente de Caja Navarra. El que la hace, no siempre la paga. Al menos, no siempre paga los honorarios de su defensa. El asunto puede parecer una cuestión interna de UPN -un ámbito relacionado con el funcionamiento de la organización- pero no lo es. O no debiera serlo. La legislación debería adoptar cautelas sobre el destino de las subvenciones a los partidos políticos. Con otros ingresos legales, que hagan lo que quieran. Con los procedentes del presupuesto público, ni hablar. Los políticos imputados por motivos relacionados con sus actividades públicas, que paguen su defensa con el patrimonio o el sueldo derivado de ese ejercicio profesional. Incluso los militantes tendrían que tener voto en determinadas decisiones sobre el destino de los fondos extraídos de sus cuotas. La cuota es una contribución al sostenimiento de una estructura política con la que se comparte ideología y objetivos, no un cheque en blanco para posibles tropelías de sus cargos. ¿Conocía la militancia de UPN, conocían los órganos del partido, la existencia de la Permanente de Caja Navarra? ¿Sabían directivos y afiliados de la concentración de sesiones y del importe de las dietas? ¿Por qué se ha de pagar con fondos del partido la defensa de una posible ilegalidad con la agravante de opacidad? En todo caso, si los imputados fueran declarados culpables de un delito de cohecho impropio (una modalidad de corrupción), ¿reintegrarían a la caja del partido los costes de la factura de sus respectivas defensas? ¿O es una aportación a fondo perdido? ¿Carece UPN de gabinete jurídico o no merece la confianza de la presidenta? ¿No hay letrados con carné de UPN capacitados para demostrar la inocencia de Barcina, soberbios en su cualificación y altruistas en el servicio a su líder? Muchos estarían encantados de salir en la foto con el maletín de los argumentos legales. ¿O le saben a poco al exquisito paladar de la aforada? El miedo guarda la viña -pleitos tengas y los ganes- y estimula a devolver lo recolectado e incita a apuntar alto en la elección de la defensa. Cautelas. El caso de las dietas de Can -moral y éticamente reprochable, socialmente escandaloso- pasa factura a UPN. Asumir el pago de la defensa, la encarece.
