los partidos políticos han contaminado las instituciones democráticas. Locales, autonómicas y estatales. Tanto más cuanto más hegemónicos e influyentes. Las reglamentan y usan a su conveniencia. Nunca resolverán deficiencias reconocidas cuyo mantenimiento les beneficie. Y si lo hacen, a duras penas y con retoques mínimos. Los partidos políticos convencionales -nacidos unos para dar barniz de reforma al régimen franquista y otros aflorados desde la clandestinidad con el entusiasmo ideológico del cambio- han confluido con el tiempo en un carácter compartido de oficinas de colocación interna y externa, de negociado de intereses económicos, y de escuela de sumisión al aparato. Todos lo son en diferente medida. A través de la estructura orgánica y a través de las instituciones públicas. La cuenta corriente se les ha instalado en el cerebro. El militante tendría que aportar ideas, reflexiones, crítica, altruismo y disponibilidad. Sin embargo, el perfil más común exhibe pedigrí, docilidad y ambición. El fiel progresará; el tibio será herramienta en estrategias internas; el disidente, proscrito. Los independientes o no afiliados fichados para acercar las listas electorales a la sociedad suelen salir de estampida cumplido un periodo inicial de candidez del que espabilan por la estupefacción de la experiencia. Los partidos políticos son estructuras rígidas y burocratizadas, garantía de estabilidad para sus dirigentes. Los cargos internos se hacen compatibles con cargos públicos, sin límite de tiempo y con acumulación de ingresos. La oferta electoral al ciudadano es de listas cerradas, en el marco de una legislación electoral nada igualitaria en el valor del voto. Los electos responden ante las siglas, no ante el votante como en otras culturas democráticas. Determinados electos gozan de privilegios -incluidos impositivos y judiciales- a partir de sueldos superiores a la media y de ayudas en transporte y alojamiento, así como en servicios auxiliares. La calidad de su vida es, por lo general, superior a la calidad de su servicio. Ninguna legislación o reglamentación penaliza el incumplimiento grueso y contumaz del programa electoral ni las mentiras graves y flamantes. Durante cuatro años, el ciudadano electoralmente activo adquiere la condición de tonto útil. Las formaciones políticas tampoco tienen la honradez de informar a los electores sobre posibles alianzas postelectorales, dato que podría influir en el voto del ciudadano reflexivo. Las fórmulas alternativas de concurrencia electoral deberán eliminar todo el óxido corrosivo de las convencionales e influir en el marco general desde su frescura particular. No se trata de que los ciudadanos participen en primarias, sino de que sean los primeros. Sin golpes de efecto.
