Amnistía, memoria, mala fe

Ahora, mientras la ONU da la razón a Garzón y ve espacio legal para abrir causas contra el franquismo, el gobierno español emprende ante ese organismo internacional una estrategia, habitual ya en él, de mendacidad manifiesta, triquiñuelas retóricas y mala fe. No solo miente la embajadora con respecto a la Ley de Amnistía de 1977, sino que lo hace por lo que se refiere a la Ley de Memoria Histórica, cuando el gobierno y el partido a la que ella representa la han vaciado en la práctica de contenido, suprimiendo los fondos necesarios para poner en práctica alguna parte de su articulado, y la han atacado y despreciado de todas las formas posibles. Paradoja pintoresca la de hacer del papel mojado un arma arrojadiza. Eso solo pasa entre tramposos.

Por acción, omisión o encubrimiento, los ataques del gobierno español y su partido, del PP y sus cargos públicos a la Memoria Histórica, se pueden contar por miles, en los últimos años. Su negativa a condenar el franquismo es el primero y más reiterado de ellos. La impunidad concedida a quienes la quebrantan, otra. Y junto al franquismo, las cada vez más habituales manifestaciones del nazismo que tengan que ver con España.

Ahora, frente a la pretensión política de la izquierda y a las conclusiones del relator de la ONU, frente a la pretensión de procesar a notorios criminales del franquismo aún vivos, tanto políticos, como militares o como policías represores y torturadores, el gobierno esgrime la amnistía de 1977, la conseguida en la lucha de calle, en el mundo obrero, desde la política clandestina, antes que en las Cortes.

La Ley de Amnistía la esgrimen los que nunca creyeron en ella, los que fueron y son enemigos de aquellos que de verdad la pedían por su lucha contra el franquismo y a favor de una democracia, esa misma que hoy vivimos devaluada a niveles de dictadura. La esgrimen como arma los que son enemigos declarados de los que hoy piden la abolición de esa ley, como acaba de hacer en Chile la presidenta Bachelet con la ley de Amnistía del general Pinochet para los crímenes de los suyos. Pedir hoy la abolición de esa ley en la calle te puede constar apaleamientos y multazos, un procesamiento incluso.

Para impedir cualquier investigación de los atropellos franquistas, la defensora mendaz de esa ley dice que fue votada con un amplio apoyo social y con absoluto consenso político. Miente la embajadora porque el apoyo social de la derecha y los franquistas fue nulo. Vuelven a tergiversar la historia, la hicieron con el pasado y ya lo hacen con la del presente convertida de nuevo en consigna política. La Ley de Amnistía de 1977 sacó de la cárcel, sí, a algunos miles de luchadores antifranquistas, porque ese fue su principal objetivo, pero benefició enormemente a todos los criminales franquista que habían actuado durante el régimen y no estaban cubiertos por las viejas leyes franquistas que les concedían impunidad por los hechos cometidos.

El relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, critica que España no haya resarcido aún a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura y pide la remoción o “resignificación” de los monumentos franquistas, en especial el del Valle de los Caídos. Hay otros, en centro de Pamplona por ejemplo. Ni caso, ahí seguirán con su ceremonial golpista adherido.

Mi opinión es que el gobierno español de la derecha, presente o futura, no va a condenar nunca el franquismo, ni va a hacer caso alguno a la ley de Memoria Histórica ayer atacada, hoy hecha arma arrojadiza, ni mucho menos va a desarrollar esta. En el fondo, y en la forma cada vez más acusada, son los herederos del franquismo.

Esta es una pugna ya enquistada, condenada a permanecer en el tiempo. Nadie va a ceder y el tiempo con cuya usura cuenta la derecha, no hacer sino enconar las cosas y convierte los agravios del pasado en agravios del presente.