Que el asunto de las tarjetas negras va a dar en nada o como mucho en poca cosa, es cuestión de tiempo, de días si me apuran. Un delito fiscal que probablemente estará casi del todo. El juez les ha impuesto a Rato y Blesa fianzas millonarias, pero los requeridos, que no encausados, han tenido tiempo más que suficiente para hacer humo de sus patrimonios, gracias a un procedimiento criminal legalista que protege al poderoso y perjudica al que no lo es.

Saben cómo convertir en humo lo saqueado. Ahora mismo acaba de comenzar el destape de otro fraude multimillonario a la sombra de Novacaixagalicia y Catalunya Caixa, y mañana sin duda habrá más, en otro rincón. Resultado: una ciénaga que atufa. ¿De verdad atufa? No, no es para tanto. Seguimos más o menos tan campantes.

Está visto que esos profesionales del enriquecimiento asocial saben cómo poner dineros fuera del alcance de Hacienda y en los márgenes difusos del Código Penal. Casi inencontrables, inalcanzables, en otra dimensión. El caso de los pensionistas es distinto. Al menos es de quienes perciben pensiones inferiores a mil euros mensuales -¿600? ¿400?- y a los que se les hace firmar una declaración jurada de no tener cuentas en el extranjero. Ahí es nada. Ese es me temo un inmejorable retrato del país chusco en el que vivimos. Mientras unos, por tradición y porque es costumbre, se fuman y beben -sin contar lo de los “pubs”- millones, a los beneficiarios de pensiones de incapacidad o jubilación se les hace sospechosos de fraudes ridículos y evasiones fantasmales. La medida tendrá algún sentido burocrático, no lo dudo, pero como imagen, resulta grotesca. En realidad no tienen voluntad alguna de atajar el fraude financiero en la medida en que es un instrumento de enriquecimiento de una clase social en cuyo nombre actúan.

No he visto que ningún partido tenga en su programa electoral la investigación del origen de las fortunas, algo que tal vez en otro país estaría de sobra, pero no aquí, donde la actividad económica está basada en la corrupción, el saqueo y la prevaricación; tampoco la depuración de los cuerpos policiales y de la magistratura, ni la derogación inmediata de todo el aparato legal urdido por el Partido Popular... y lo que le toqué al PSOE, que es mucho. Ya quedó dicho, pero por repetir que no quede.

Y es que seguimos chapoteando en la misma charca. En un caso de violencia y abusos policiales en la persona de una periodista, la juez del caso ha absuelto a los policías acusados de ese delito por falta de pruebas cuando las aportadas eran varios documentos gráficos en los que se veía el número de identificación de los acusados.

Dentro de nada, en cuanto aprueben su ley mordaza, la indefensión del ciudadano se habrá institucionalizado y será norma porque ni siquiera se podrán obtener los documentos gráficos que hasta ahora sirven para demostrar cumplidamente la violencia policial ciega, por lo menos en la esfera pública. Tampoco podremos ver cómo la Guardia Civil deja inconsciente a palos a un inmigrante de los de Melilla y lo devuelve atado de pies, algo que ya ha levantado de manera ritual las voces del Consejo de Europa. Para nada. Seguirán apaleando y persiguiendo a quien denuncia y protesta. Que los jueces no quieran ver el grado de indefensión en el que ya se encuentra el ciudadano frente a los abuso de poder y autoridad, es otra cosa. La petición de penas por parte del fiscal en el caso del 15-M y el sistema administrativo de multas generalizadas e indiscriminadas es buena prueba de lo que digo.

Si lo comparamos con los millones de euros que en multas acumula el SAT, los 600 que le ha metido, porque sí, la delegada del Gobierno en Navarra a la Junta Republicana de Izquierdas es poca cosa. Lo que cuenta es el motivo y la arbitrariedad: una concentración antimonárquica que fue desconvocada tras ser prohibida no en ejercicio de la autoridad sino en la voluntad de reprimir la libertad de expresión. Zafiedad a raudales.

¿De verdad que el franquismo terminó con la muerte del dictador? No lo creo. Esta gente que detenta el poder ya no tienen recato alguno en ocultar su violencia autoritaria, su afán de represión y sometimiento, de imponer una ley y un orden asociales.