Paisaje de vertedero

Reconvenciones y exigencias de la ONU que al Gobierno y a su ministro del Interior, responsable del atropello permanente de derechos humanos que padece el país, se la traen al fresco. Fernández Díaz prefiere acogerse, en busca de inspiración, a la mano momificada de santa Teresa, como se acogió el general Franco, para que la santa proteja a España, un país que si alguna protección necesita es contra gente como Fernández Díaz, Rajoy, Morenés o Rato, y como ese largo etcétera de corruptos y guapetones que ahora mismo tienen sometida a una parte considerable de la población. Mano que no sé si es la misma que le encontraron en el equipaje al general Villalba, el que, en febrero de 1937, se fue de Málaga dejando a su espalda «La Desbandá».

Cuando los ministros de un país se acogen a despojos momificados es que hay algo no del todo sano en el aire que se respira, pero es cuando sus obispos se sienten autorizados a hacer declaraciones políticas conducentes a vencer la conciencia y la mano de su feligresía -la unidad de España, sacrosanta no lo olvidemos, por ejemplo- o cuando no intervienen ni en forma de reconvención si en un templo, como los Jerónimos de Madrid, un cura pide de manera expresa la venida de un golpista, para celebrar el 18 de julio.

Por si fuera poco, la ONU advierte de algo sobre lo que no se está poniendo suficiente atención: «el acceso a la justicia y a mecanismos de reparación eficaces para las víctimas de hechos cometidos por las agentes de seguridad privada». Es decir que los observadores de la ONU dan por hecho algo evidente: que el ciudadano no solo padece abusos policiales, sino que va a padecerlos por parte de matones uniformados del fabuloso negocio de convertir la seguridad pública en algo privado.

La ONU y también otros organismos internacionales y medios de comunicación de probado prestigio (no como los españoles que están entre los menos creíbles del mundo) han advertido del peligroso giro autoritario que está tomando una democracia -podrida, esta-, basada en la represión ante todo, por eso insta a la retirada de la ley Mordaza. En balde. El gobierno de Mariano Rajoy, hilvanando patrañas y mala fe, se enroca, sostiene el pulso y persiste en la consecución de su extraña «dictadura parlamentaria»... tal y como hizo el general Franco, cuya memoria ensalzan al protegerla, con su «democracia orgánica». Franquismo sin tapujos. Está tan de sobra denunciado como en balde.

Rajoy pergeña ahora una ley más que dudosamente democrática, algo que excluyó de manera expresa en su campaña electoral, porque era cosa de dictadores, y que da la medida de su sentido de la ética pública: reformar la ley electoral de modo que pueda perpetuarse en el poder si consigue ser la lista más votada como partido, es decir, tratar de impedir la presencia de coaliciones que, ha visto, son el mayor peligro para la pervivencia del actual régimen político. Impedir el cambio social y afianzar el régimen policiaco en beneficio de la clase social que se está enriqueciendo con el empobrecimiento general del país.

Rajoy (o quien sea que tire de sus hilos) sabe que ahora mismo cualquier cambio social y político pasa por las urnas: la reorganización territorial, el derrocamiento de la monarquía, la derogación de todas y cada una de las leyes policiales, acompañada de una necesaria depuración, pareja a la que debe hacerse con un Ejército que oculta sus vergüenzas con paradas y mojigangas, la reforma en profundidad del sistema judicial, la revisión del sistema bancario y financiero, el pago de la deuda, la auditoria del saqueo del fondo de reserva de la Seguridad Social, los desahucios y sus causantes, la pesquisa del origen de las fortunas... y frente a esto no le queda más remedio que dar un golpe de estado utilizando de manera fraudulenta el sistema legal, pervirtiendo este... ¿Está todo dicho? Es posible, pero muy poco hecho.