La Corporación Pública Empresarial de Navarra es la incursión de la Administración Foral en el mundo de los negocios. Hoy en día se compone de doce empresas. Distan mucho de ser una máquina de hacer dinero. La rogativa es que, al menos, no lo pierdan, como de nuevo pasará este año en una Comunidad con una deuda (informe Comptos 2013) equivalente a casi cinco mil euros por habitante. La plantilla de las sociedades públicas ronda los mil empleos, con generosa dotación directiva y evidentes lazos de parentesco y amistad entre jefes y empleados y apellidos vinculados a la vida pública de la Comunidad. Más enchufes que en una tienda de iluminación. El Gobierno de Barkos, que mantiene las sociedades públicas en el organigrama de la Administración (sirven como oficina de colocación), ha decidido eliminar la retribución variable (complemento por objetivos) de sus directores-gerentes, nombrados a dedo. Venía a suponerles un incremento de entre un 15 y un 50% del sueldo anual. Se aplica el criterio de un sueldo por cargo, como en el propio Ejecutivo. Para que las penas con pan sean menos, Barkos les consolida unos complementos salariales del 10, 30 o 55%, según complejidad en la gestión de la empresa. Sueldos finales que van desde los 55.000 (como hasta ahora) hasta los 85.250 euros brutos anuales. Esas cifras orientan el bruto anual de subdirectores (95% del director-gerente correspondiente) y de directores de división (90%). El complemento pierde estímulo e incertidumbre y gana en seguridad. Se nos anuncia un ahorro anual de 307.000 euros. Las sociedades públicas son una de las herramientas del Gobierno para la arbitrariedad y la opacidad. Navarra Arena, Circuito de Los Arcos, las pérdidas en producción de caviar, el conflicto de Ganasa y el procedimiento “atípico” (Ayerdi) en el préstamo a Davalor, están en su órbita. Ahorrar en gasto, bien. Invertir en eficiencia, objetividad y transparencia, imprescindible. Suprimirlas, lo mejor.
