Anda el personal dividido entre quien cree que la querella de Hacienda contra Osasuna y la posterior imputación por una deuda de 5,7 millones tras una inspección fiscal es lo único que podía hacer legalmente Hacienda -que ayer emitió una nota ahondando en esa tesis- y los que defienden que la querella era evitable y por tanto la imputación y por tanto una posible multa millonaria que dejaría en quiebra al club. Vamos, argumentan que se podía haber negociado por parte de Hacienda antes de presentar la querella, mientras que Hacienda afirma que en deudas de ese importe y surgidas de una inspección fiscal la querella es automática. En todo caso, hay que decir también que un día antes de que se presentara la querella, Osasuna dio una rueda de prensa en la que ya hablaba de esa deuda, pero no la reconocía, y consideraba que la ley Osasuna era “de punto final” y por tanto toda deuda generada antes de diciembre de 2014 había prescrito. Un asunto muy peligroso y que ojalá se pueda encauzar, ya que si bien es cierto que Osasuna debe pagar esos 5,7 millones escaqueados, racionalmente duplicar o más esa multa es un sinsentido y una exageración fuera de lugar, por mucho que lo permitan las leyes. Cierto recargo, correcto, pero no las cifras que se manejan. Lo curioso del tema, no obstante, es que la inspección que acaba descubriendo este agujero de 5,7 es solo 3 meses posterior a la chapucera Ley aprobada por UPN, PPN y PSN y se inicia con UPN aún en el gobierno -febrero de 2015-. Esto es: UPN se tira 16 años sin inspeccionar a Osasuna, no lo hace cuando analiza su deuda -Osasuna es quien le presenta las cifras- para salvarle el culo de mala manera con la Ley e inicia la inspección fiscal a 3 meses de unas elecciones que igual le dejaban el marrón de qué hacer con esa nueva deuda al que llegase, lo que finalmente ha sucedido. Todo francamente deleznable.
