Estuvo ayer la presidenta de la Cámara de Comptos en el Parlamento explicando cómo había funcionado la Alcaldía de Ultzama cuando la dirigía Patxi Pérez -director general de Administración Local con Javier Esparza y miembro ahora del Comité Ejecutivo de UPN- en relación a la planta de biogás de Iraitzoz abierta en 2010 y cerrada en 2016 y fue muy clara: 1) no se cumplió la legislación contractual en las contrataciones del anteproyecto, proyecto y dirección de obra, que se realizaron después de haberse hecho dichos trabajos. 2) se quiso dar cobertura formal a una actuación irregular que no respetó los principios básicos de la contratación pública: publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación. 3) tampoco se cumplió la legalidad en la contratación y posterior cesión del contrato, ni en las subcontrataciones realizadas. 4) dos miembros de la mesa de contratación representaban a la empresa de ingeniería redactora del proyecto, que había introducido en el mismo esquemas de la planta elaborados por la mercantil que resultó adjudicataria. Además, esa empresa pasó a formar parte de la nueva mercantil a la que se cedió la concesión. 5) se han detectado pagos duplicados por parte de Bioenergía Ultzama, que abonó cerca de un millón de euros a dos proveedores diferentes por el mismo concepto: los depósitos de digestato. Y 6) existe una posible sobrefinanciación pública del proyecto ya que una parte de la inversión recibió ayudas tanto del Departamento de Industria como del de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Esto es parte de lo que contó ayer Olaechea, que confirmó que la Fiscalía ha iniciado ya acciones sobre este asunto, un asunto en el que se invirtieron unos 3 millones de euros de dinero público que tras el fracaso de la planta han quedado enterrados. Es de esperar que las responsabilidades administrativas y políticas no queden enterradas.
