La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra ha esparcido estiércol sobre la Renta Garantizada y las políticas subsidiarias del Gobierno de Barkos. Según la UAGN, es un “freno brutal” para encontrar trabajadores en el campo: sus perceptores “no quieren trabajar” y la prestación se utiliza “para comprar votos”. Respuesta contundente de la presidenta, que no estaba para soportar el hedor de ese fertilizante orgánico sino para el glamur perfumado de su presentación como candidata en Baluarte: “No vamos a permitir que la ultraderecha avance en Navarra”. El Departamento de Derechos Sociales destaca que la contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada ha crecido “gracias a los estímulos al empleo que contempla la nueva regulación”. 17.000 contratos el año pasado (14% en el sector primario). El 37% de los acogidos a esa Renta son niños y niñas. Se revisan el 80% de los expedientes y se ha detectado algún tipo de irregularidad en un 6%. La Red Navarra contra la Pobreza y la Exclusión Social diagnostica que “la pobreza se ha cronificado” (13% de la población) y rccomienda un mayor “acompañamiento social” (más allá de las medidas punitivas y de inspección ya implantadas), que “favorecería las posibilidades de una inserción socio-laboral real”. Propone una “profunda reflexión sobre qué trabajos se están creando” y si “generan oportunidades laborales que saquen de la rueda de la exclusión a esos trabajadores y trabajadoras”. La temporalidad es una de las causas de la precariedad laboral. El sector primario la tiene patentada: jornaleros y temporeros. Explotación de necesitados. En el primer gobierno socialista de Navarra, el consejero de Educación (Malón) hizo investigar el patrimonio de familias del sector primario peticionarias de becas de enseñanza. Se quedó tan pasmado que convocó a los medios para contar el resultado. En un país con máster en fraude y corrupción, señalar a los más débiles de la sociedad es miserable.
