Reducción de velocidad en vías convencionales. Y en transferencias convenidas. Despacho de la agencia Efe fechado en Madrid a 31 de octubre de 2018: “En rueda de prensa tras un primer encuentro con Sánchez, Barkos ha informado de que el traspaso definitivo de tráfico y seguridad vial se materializará entre diciembre y enero en el marco de la Junta de transferencias. La presidenta ha reconocido que no tiene una fecha para la firma, dado que la transferencia requiere un plazo de tiempo, si bien ha asegurado que tendrá lugar en esta legislatura foral, que acaba en mayo”. Realidad en el primer domingo de febrero: ni se ha reunido la Junta de transferencias ni hay fecha para la firma. El delegado del Gobierno, con sutil diplomacia: reiteración del “compromiso”, “se va a cumplir” (¡ojo a la promesa, que es socialista!), pero le consta que “todavía no hay ningún paso en firme, más allá de alguna conversación”. Tres ministerios concernidos. Fase de petición de informes. “En cuanto esos informes estén disponibles, se convocarán las comisiones y las juntas necesarias para empezar a hablar de esta negociación”. Riesgo de un hueco en el expositor de logros para el escaparate electoral. En materia sensible: un derecho histórico de Navarra, confirmado por sentencia del Tribunal Supremo. Y táctica para el autogobierno: una recuperación que UPN había enfriado. El delegado ya deslizó en su día una distinción entre “gestión” (transferible) y “ejecución” (compartida). E impartió benemérita tranquilidad a los alborotados tricornios: de que los efectivos de tráfico vayan a dejar de hacer su trabajo, “todavía no hay absolutamente nada”. Distinción semántica otra vez. Ahora entre “materializar” y “firmar” la transferencia. Lo primero llevará tiempo. Mucho. Afecta a plantillas policiales y Haciendas. Lo segundo, urge. Los documentos protocolarios tienen relativa credibilidad en sus consecuencias. La firma, un garabato. La foto, un trofeo.
