a franquicia navarra del PSOE de Sánchez sopla la veleta de la política penitenciaria para orientarla hacia los intereses actuales del presidente. El PSOE implantó en 1989 un criterio sistemático de alejamiento y dispersión de los presos de ETA. Castigo añadido a las sentencias condenatorias, que hizo de familias y allegados penados sobrevenidos. Francia imitó el modelo. Esa política se ha mantenido durante décadas, con revisiones coyunturales a conveniencia del gobierno de turno. Parece que las cosas van a cambiar. No por razones humanitarias de arraigo familiar y social, sino por motivaciones de rentabilidad política. Al PSOE no le bastó con el alto el fuego definitivo de ETA (2011), a pesar de apuntarse el tanto de la victoria. Ha esperado a la disolución de la organización (2018) para aceptar que ETA "ya no es un problema para la ciudadanía". Soflama que pretende distraer de lectura vinculada a pura estrategia de partido: necesidad de apoyos nacionalistas para gobernar. En España, en el País Vasco, en Navarra. Ahora, a esperar a la aritmética catalana. Es lo que tienen los intereses de parte: a veces perjudican y a veces benefician a otros. Los sectores más perseverantes en la exigencia del acercamiento de presos de ETA a cárceles de Euskadi y Navarra (Sare y Etxerat) están contentos. El Parlamento de Navarra evidenció la orfandad de Navarra Suma. Los demás grupos parlamentarios, con apoyo del Foro Social y de una elocuente unidad sindical, pidieron al Gobierno de España que acabe con esa excepcionalidad. La inclusión de los presos comunes alivió la carga ideológica, pero no el enfado de la derecha. La petición parlamentaria coincide en el tiempo con una condena más de la Corte Europea de Derechos Humanos al Estado español por no investigar suficientemente denuncias de torturas. También con el debate sobre los "justo o injusto" del daño causado por ETA. "Cada uno tendrá su relato" (Iriarte-Bildu). Más bien, su fábula.
