a Administración nunca limpia los cristales. Por actitud expresa de los políticos e indicación de sus asesores y cargos de designación digital. Apenas deja algún resquicio para fisgar y lo bautiza con la pomposa denominación de “portal de transparencia”. Deja ver lo que quiere que veas. Para sus opacidades, tiene reglamentos y artimañas. Con el recrecimiento del embalse de Yesa, la opacidad reiterada es obvia. Obsesiva. Mediante recurso judicial, la asociación Río Aragón ha conseguido que el Ministerio de Medio Ambiente afloje algún dato: es necesario revisar el sistema de aliviaderos y su número, con desplazamiento de su embocadura a una zona completamente estable. El deslizamiento de una ladera ya obligó el desalojo y posterior demolición de más de un centenar de viviendas en dos urbanizaciones. El proyecto de modificación para consolidación, impermeabilización y drenaje del estribo derecho, con inclusión de mejoras en los sistemas de auscultación, sigue sin concluir cinco años después de su solicitud y autorización. La actual presidenta de la CHE resalta que “no hay presa en todo el país con más controles y recursos disponibles para garantizar la seguridad”. Presenta el recrecimiento como “una obra rentable desde todos los puntos de vista”. Por su parte, la citada asociación sostiene que “quedaría casi constatada la práctica imposibilidad de dar una solución racional a los problemas reales”. El embalse de Yesa fue inaugurado en 1960. El proyecto de recrecimiento, aprobado en 1993, triplica la capacidad actual y duplica la superficie inundada. Ambas laderas han revelado muchos problemas. Un total de seis organizaciones ambientales tienen pedida la paralización “inmediata y definitiva de las obras”: “La viabilidad ambiental, social y económica debe ser reexaminada a fondo bajo el prisma de la transición ecológica, la emergencia climática y la resiliencia de la economía”. Dudas. Miedos. Sobre todo grietas. En la credibilidad.
