Esto es lo que dicen PP y Cs que son las andanzas poco decorosas, como poco, de la empresaria, aspirante a diputada por Madrid del partido de extrema derecha Vox: cuestiones privadas. Es decir, que los negocios inmobiliarios, poco limpios, emprendidos por Rocío Monasterio y su marido, firmando lo que no estaba capacitada para firmar y burlando la normativa urbanística son, en alguien que aspira a un acta de diputado y a representar de ese modo a una parte de la ciudadanía, cosas privadas. Bien, nada nuevo, al revés, algo viejo y conocido.
Firmar como arquitecto no siéndolo, por muchas asignaturas que hayas aprobado, hacer habitable lo que no lo es, ejecutar obras de envergadura sin licencia -algo que a cualquier ciudadano le supondría algo más que multas administrativas-, un político español de la derecha, por serlo, puede darse el lujo de acometerlas sin que pase nada, absolutamente nada ni por supuesto se vea obligado ni a dimitir ni a apartarse de la cosa pública. Se ve que el artículo 403 del Código Penal no va con ellos, la ética tampoco; en cambio el business feroz sí. No dimiten, no se van. Se quedan, conscientes de una impunidad ya legendaria. Son tantos los ejemplos de actuaciones parecidas que sobran. Mienten como respiran con el aplauso de sus correligionarios que hacen de la patraña verdad y de la falta de decoro, virtud.
A esa maraña de chanchullos que están saliendo ahora a la luz debe referirse la aspirante a diputada con su idea de estar ilusionada “con mejorar España”. Algo debería decir a este respecto el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y es que no son asuntos privados, digan lo que digan (o callen) los profesionales de la política o los jueces que puedan amparar estos desbarres, como ha sucedido con el caso del máster de Casado. Llama la atención que se presenten como unos regeneradores de la cosa pública. Los hechos ahora denunciados en público son graves o lo fueron alguna vez, en otro país y en otro tiempo.
Causa estupor que aquellos que han demandado a los empresarios de extrema derecha -es decir, los compradores de lofts en lugares que resultaron legalmente no habitables por ser industriales- hayan visto desestimadas sus demandas. Como no he leído las sentencias, ignoro si la desestimación se debe a una variante civil del argumento jurídico de barbecho “en toda estafa hay un tonto y un sinvergüenza”, porque es posible que no haya mediado engaño. En fin, que no se sabe cómo fueron en la práctica esas operaciones inmobiliarias en el filo de la legalidad y la trampa o la burla a lo legislado por parte de unos y de otros que compraron a sabiendas de que lo hacían en la cuerda floja.
Pero si lo anterior causa estupor, mucho más lo provoca el que se diga lo que se diga, se denuncie o haga público una forma de hacer negocios o de burlar, por ser vox quien sois, la legalidad vigente resulte en la práctica por completo inútil. No ya porque ese estado de cosas esté archidenunciado, sino porque al parecer se ha convertido en una forma de vida pública española sin atisbo alguno de cambio, por mucho que medie una indignación que no va a parte alguna: rabietas mediáticas y poco más. La indiferencia ante esos hechos en cambio es casi generalizada, tal vez por hastío o por resignación. Se entiende mal o no se entiende en absoluto a qué se refiere la arquitecta con lo de “mejorar España”. Mete miedo imaginar de lo que esta gente puede ser capaz con un acta de diputado en la mano: temible pareja, tal vez pase a la historia.
La realidad es que ahí siguen los protagonistas de estas trapisondas, subidos a las palestras, con su patria a vueltas, sus banderas, patrañas, altisonancias y desplantes propios de gamberros o desalmados -a las carcajadas que les arrancan las víctimas del franquismo me refiero ahora-, aplaudidos por los suyos, que convierten la impunidad y la falta de decoro en victoria de partido y hasta de clase social.
