Tan incuestionable resulta el déficit de 18.000 millones anuales de la Seguridad Social como que, contraponiéndolo a los 350.000 millones de presupuesto consolidado del Estado, la hosca de las pensiones podría enjugarse en buena medida ahorrando en Monarquía, Senado o esas partidas ampliables de Defensa que crecen geométricamente. Y no es demagogia, por mucho que les irrite a los apologetas de los planes privados. Como tampoco supone restarle urgencia a la muy pendiente reforma del sistema ante la evidencia de que hoy se cuentan sólo dos cotizantes por cada pensionista -1,5 por cada prestación pública, incluyendo subsidios de desempleo- y ante la certeza de que en 2042 habrá 15 millones de pensionistas, casi el doble que ahora debido a la jubilación del baby boom de los años 60 y 70. Una necrosis del pacto intergeneracional por las pensiones que el PP ha agravado, esquilmando el Fondo de Reserva hasta dejarlo por debajo de los 16.000 millones cuando a finales de 2011 se aproximaba a los 70.000. Con la circunstancia agravante de que la hucha alcanza para un año escaso mientras, ante la precarización del empleo fruto de la perversa reforma laboral, por cada crecimiento de cotizantes del 3% los ingresos de la Seguridad Social aumentan un ínfimo 1% respecto al 8% de 2007. Hasta que no se corrija esta galopante devaluación de los salarios, la clave para la autosuficiencia del sistema, no queda otra que adoptar soluciones paliativas. Para empezar, el pago vía presupuestaria de los subsidios de viudedad y orfandad, unos 24.000 millones anuales; y, para continuar, el arbitrio de un impuesto finalista, con recargos significativos a las rentas más altas, para sufragar las pensiones contributivas. Dos medidas indispensables, en tanto se vigoriza el mercado laboral, a las que habría que agregar el destope de la cotización máxima -3.642 euros-, lo que permitiría recaudar como 7.500 millones gravando los 27.000 de bases hoy libres de cargas. Bien entendido además que las pensiones actuales pierden poder adquisitivo cada año al revalorizarse el mínimo legal del 0,25%, por debajo del IPC, y que el 66% de los perceptores no llega a mileurista y el 20% ni a 650 euros cuando las jubilaciones sustentan todavía a un número ingente de hogares. La cruda realidad de un mecanismo de protección social tan imprescindible como necesitado de políticos audaces y comprometidos con lo público.