La tercera burbuja

Estamos viviendo de forma seguramente inconsciente una tercera burbuja de consecuencias imprevisibles. Primero fueron los desahucios a propietarios de pisos imposibles de pagar por precios inflados; después tocó la orden de “alzamiento” a quienes no podían pagar alquileres en un mercado que se puso por las nubes. Y ahora se suman aquellos a los que se les niega la renovación del contrato de arrendamiento después de tres años (particulares y bancos o sus sociedades y fondos buitre) avalados por la actual ley de arrendamientos urbanos. Las imágenes de hacinamiento con familias enteras viviendo en un piso han regresado. La PAH de Pamplona acaba de presentar un informe con una batería de propuestas al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra ante las dificultades de acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables. Entre otras medidas, proponen una campaña de sensibilización social al Consistorio para evitar que propietarios e inmobiliarias discriminen a personas en situación de exclusión o extranjeras. La pobreza se alía con el racismo y se ceba en un mercado en el que los precios -sobre todo en el centro- han subido a lo loco (algunos portales hablan de 850 euros de media en Pamplona) y el propietario elige. Familias que cobran una renta garantizada o que tienen contratos precarios se van mudando de barrio y portal en busca de un piso en alquiler porque, en muchos casos, no les han renovado en otro. Cuando no son los mismos bancos que los despojaron de la propiedad por no abonar tres cuotas los que intentan ahora expulsarles no renovando los contratos o pidiendo cantidades imposibles, tal y como denuncia la PAH. O puede que estén en un fichero de morosos. Tres nóminas, 3.000 euros de aval y montones de cláusulas restrictivas son algunos de los ejemplos de veto en alquiler al inmigrante o excluid@.

Vivienda (Gobierno foral) busca que salgan al mercado 13.000 pisos vacíos de particulares y de empresas. El decreto para crear un registro de viviendas vacías plantea sancionar a bancos y empresas con inmuebles en desuso durante más de dos años y va en esa línea. La PAH va todavía más lejos y quiere que el Gobierno foral obligue a los bancos a ceder su parque vacío a la bolsa foral. Incluso comprar vivienda usada de grandes propietarios a favor del alquiler social.

Las familias que malviven son mujeres con menores a cargo que trabajan en el sector doméstico o hombres separados obligados a trabajar sin contratos, entre otros perfiles que nadie avalaría, por ejemplo, para hipotecas de 600.000 euros como la de los Iglesias-Montero. En cualquier caso, será difícil que conozcan desde su urbanización de Galapagar situaciones como éstas. Ni ellos ni sus hijos.