os pueblos se nos mueren porque fallecen sus moradores de siempre y el vacío que dejan permanece, en sentido figurado y también muy real. Este año de pandemia ha agudizado además la desigualdad entre el mundo urbano y el rural, entorno este último que ha sufrido todavía una mayor merma de oportunidades en todos los órdenes debido en buena medida al déficit estructural de servicios. A partir de la evidencia de que el 55% de la población navarra se concentra en el 5% de la superficie foral, urge atajar la desertización demográfica en aras al equilibrio territorial, decisivo para un desarrollo equitativo y sostenible de la Comunidad, y por ende para la preservación del sector primario y del patrimonio cultural común. Un reto global a afrontar desde lo local este del combate a brazo partido contra la despoblación, cuya consecución ha asumido la Unión Europea con una movilización de fondos sin precedentes -en fomento asímismo de la transición ecológica a la par que digital- y que el Gobierno de Navarra considera prioritario con el arbitrio de programas de vanguardia en pro de la cohesión ciudadana más allá del lugar de residencia. Esa apuesta por lo que ya se denomina nueva ruralidad precisa de una gestión eficiente de los recursos y de la ruralización de las leyes, es decir, de un enfoque económico y jurídico centrado en iniciativas específicas de innovación social, con inversiones productivas orientadas a las personas en lugar de a mamotretos de carácter electoralista. Proyectos pegados al terreno que consoliden un ecosistema vecinal abierto desde la cogobernanza con las autoridades supramunicipales, una cooperación interinstitucional que optimizar con la colaboración entre entidades públicas y privadas. Y todo para asentar a la población autóctona con empleo digno, para empezar con el cuidado de las personas mayores arraigadas y para continuar con empresas que aporten valor añadido y permanencia, así como para favorecer el retorno y la llegada de jóvenes capacitados para el teletrabajo. En este caso, desde la doble premisa de la habilitación de conexiones en red fiables y de la bajada del precio de la vivienda por ejemplo adecentando unos cascos históricos por lo general degradados fruto de la mudanza a la periferia. Consagrados como inalienables los derechos de la ciudadanía rural y desterrado el topicazo de que el exitoso se va a la urbe mientras el fracasado se queda en la aldea, nuestro futuro colectivo depende de que como sociedad superemos con éxito el desafío de frenar e incluso impedir la desaparición de los pueblos agonizantes. Está en juego nuestra identidad, individual y grupal.

La ruralidad sostenible precisa de un enfoque económico y jurídico centrado en inversiones productivas para las personas en lugar de en mamotretos de índole electoralista