rara es la semana últimamente que la actualidad política no se ve mediatizada por decisiones judiciales. Un día provoca el revuelo por autorizar la exhumación del dictador, otro pone patas arriba el decreto que regula el uso del euskera y ahora les dice a las madres que la derecha y el PSN dejaron atado y bien atado que las prestaciones por maternidad no están exentas del pago del IRPF, mientras estamos en vísperas de que la sentencia sobre el procés convulsione el panorama estatal a menos de un mes de las elecciones. Queda claro, por lo tanto, que el poder judicial pasa a diario por encima del legislativo sin necesidad de presentarse a las elecciones y sin que la ciudadanía les vote. También queda claro que el Gobierno de Barkos no tenía margen de maniobra legal para satisfacer la demanda de las madres y padres, porque el riesgo de incurrir en prevaricación era extremo. Poco importa ahora todo esto, ya que el daño, al menos el electoral, está hecho tras meses de demagogia a paladas y cinismo al cubo. En una especie de mundo al revés, han azuzado la bronca quienes en diciembre de 2012, de tapadillo y sin meter ruido, se cargaron de un plumazo estas bonificaciones fiscales. Repitieron hasta la saciedad que las madres navarras eran las que quedaban en peores condiciones de todo el Estado cuando en realidad fueron UPN, PSN y PP quienes les habían dejado en esta situación para ahorrarse los 45 millones que el Gobierno de Barcina pudo destinar a otros fines. Y como no es lo mismo predicar que dar trigo, Chivite ha adoptado ahora el discurso de presidenta y habla de seguridad jurídica antes de cumplir su compromiso con las madres gracias a la hucha que le dejó la eficiente gestión del cuatripartito. Distinta es la postura del candidato de Navarra Suma, Sergio Sayas, que ayer siguió con su versión cínica y colgó un tuit en el que dice que “el Gobierno no devuelve el IRPF a las madres porque no le da la gana. No hay más razón”. Bien sabe él que no es así.