Las estadísticas pueden ser cuestionables pero sirven para medir tendencias sociales. En el caso de la Memoria de la Fiscalía además no se trata de encuestas sino de número de diligencias, casos, sentencias... el termómetro judicial de la sociedad. En este caso el foco está puesto en el ámbito de los menores. Y la foto resulta agridulce. El año pasado hubo 985 menores denunciados, un 26% menos que el ejercicio anterior y por debajo de la barrera de los 1.000 que parecía difícil de rebajar. Pero al mismo tiempo han crecido los partes de agresiones y robos violentos, con casi 300 casos. Especialmente preocupante resulta también el dato cualitativo de la edad en el ámbito del acoso escolar, donde los autores (en este caso no pueden ser imputados penalmente) se encuentra en la mayoría de las denuncias entre los 12 y 13 años. Este diagnóstico no puede llevar sino a reforzar las política de formación y prevención que el departamento de Derechos Sociales (y varios ayuntamientos, entre ellos el de Iruña) están tratando de reforzar y revitalizar tras épocas de falta de recursos y colapso de casos. Pero también debe de hacer pensar a la sociedad que programas educativos como Laguntza o Skolae son ahora más necesarios que nunca. El primero, sobre todo, para atajar el temido acoso escolar cuando aparece y el segundo para ir a sus causas de fondo ya que debajo de muchos de estos fenómenos (por cierto en 2017 hubo 27 denuncias por delitos contra la libertad sexual en menores) se encuentra una visión del mundo y de la vida ajena a estándares de convivencia, igualdad, respeto... Y eso se trabaja precisamente en estas edades tempranas. Y se hace sobre todo con programas de formación, tanto para el profesorado (la escuela es uno de los escenarios donde están estos chavales) como del alumnado y sus familias, que en ocasiones son las primeras víctimas de conductas violentas. Por eso, cuando estos días se debate muy alegre e interesadamente sobre cuestiones colaterales de Skolae, por ejemplo, se suele olvidar que para trabajar por una sociedad más igualitaria y más pacífica hay que abordar los temas de raíz y en el momento justo. Y también, una vez sucedidos, combinar la parte punitiva (hay casos muy graves que no tienen otra salida) con otras alternativas, como prestaciones a la comunidad, que tienen una vocación de reinserción y concienciación.
