el compromiso alcanzado el pasado 31 de octubre entre la presidenta Barkos y su homólogo estatal Sánchez para la devolución de la competencia de Tráfico a Navarra se encuentra pendiente del preceptivo informe de la Dirección General de Tráfico en materia operativa. Cumplimentado este trámite, el Ministerio de Hacienda determinará la afección del traspaso en el Convenio Económico y remitirá una propuesta al Ejecutivo foral para recabar su conformidad o discrepancia, según explicó ayer la consejera Beaumont. Constatada la voluntad política del actual Gobierno del PSOE, cabe exigirle que sea más diligente que hasta la fecha en la tarea burocrática para que no expire otra legislatura navarra sin que se proceda a la restitución formal -a falta de la cumplimentación progresiva de la transferencia- de una competencia que la Comunidad Foral ejerció hasta 1962 y de la que le privó el régimen franquista. Para empezar, por una cuestión de estricta justicia, pues ya en 1843 la Diputación Foral contaba con una ordenanza para la conservación y vigilancia de las vías públicas, que en 1928 cristalizó en la creación del Cuerpo de Policía de Carreteras, Policía Foral a partir de 1964. Y para continuar, por zanjar una deuda histórica, derivada de que al carecer de la competencia Navarra deja de recaudar cada año en concepto de multas alrededor de 12 millones, en torno a la cuarta parte del presupuesto destinado al mantenimiento de la red de carreteras de titularidad foral. La transferencia de Tráfico, al que en la actualidad están adscritos sobre el terreno unos 230 efectivos de Policía Foral y Guardia Civil, ha configurado una de las reclamaciones recurrentes de Navarra al Estado a partir de la presidencia de Miguel Sanz en 1996. Una reivindicación del autogobierno que debe sostenerse con vigor al margen de ideologías y de sentimientos de pertenencia. Básicamente, porque Navarra ha demostrado que gestiona mejor en beneficio de la ciudadanía, con una atención más rápida y con un conocimiento más certero de las necesidades reales. A esa empresa de la profundización en el autogobierno está llamado por tanto el arco político en su conjunto si de verdad se vela por el interés de los administrados, más habida cuenta de que la última transferencia a Navarra data de 2001. Constituye un ejemplo paradigmático la negociación a la baja de la aportación al Estado acometida durante esta legislatura por el Gabinete de Barkos desde el diálogo constructivo y el rigor técnico.