Navarra cerró el último ejercicio completo de la vigente legislatura con un superávit de 116 millones, el 0,56% del PIB, merced principalmente a un aumento de la recaudación sobre lo presupuestado de en torno a 60 millones, así como por la minoración de algunos gastos subsidiarios. Si el dato acredita el equilibrio de las finanzas públicas, todavía resulta más satisfactorio al haberse reducido la deuda respecto al año anterior en 187 millones, la primera vez que sucede desde 2008, situándose en 202 millones por debajo del tope máximo del 17,7% del PIB, hasta los 3.441 millones. Es decir, que Navarra cumple con la presidencia de Barkos tanto los objetivos de estabilidad presupuestaria como la regla de gasto, fijada en el 2,4% del PIB, consiguiendo además con la referida merma del endeudamiento contener las cargas para las generaciones futuras, justo en sentido contrario de la práctica de UPN. Y todo ello haciendo compatible el saneamiento de las cuentas públicas con una política expansiva en material social, como lo acreditan los 384 millones más que los últimos Presupuestos del Gobierno de Barkos consignan para Educación, Salud y Derechos Sociales en relación a los de 2015, los últimos del Ejecutivo de Barcina. Esta higienización financiera ha sido posible por el fomento de mayores ingresos, en buena medida gracias a la reforma fiscal implementada con criterios de progresividad. Con el aditamento de una más eficiente focalización del gasto según las prioridades ciudadanas en materia de prestaciones, singularmente en beneficio de los sectores desfavorecidos o en dificultad, y siempre desde el rigor técnico, por ejemplo para lograr después de una larga negociación no exenta de dificultades el ajuste a la baja de la aportación de Navarra al Estado. Sin menoscabo de la legítima crítica política, pues todo es susceptible de mejora, los hechos y la estadística han demolido los augurios apocalípticos asentados en la falacia de que sólo la derecha navarrista ofrecía garantías de solvencia económica. Precisamente, lo acertado de la gestión del Gabinete de Barkos exigiría la pronta autorización por el Estado a Navarra para ejecutar los 77 millones pendientes de las inversiones financieramente sostenibles. Primero por una cuestión de estricta justicia, después en observancia del espíritu que inspira el autogobierno en el ámbito fiscal y financiero, y en última instancia incluso como estímulo para las comunidades autónomas incumplidoras.