Los últimos datos conocidos tras la declaración el pasado jueves en la Audiencia Nacional del excomisario José Villarejo -en prisión desde noviembre de 2017 acusado de los delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales- son de extrema gravedad porque apuntalan la tesis, cada vez más verosímil, de la existencia de una trama policial dedicada a espiar a políticos, jueces y empresarios con objetivos espurios. Lo que el corrupto policía retirado relató al juez fue incluso más allá, aunque en la práctica corrobora las sospechas existentes: el Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy utilizó a la Policía para investigar de manera absolutamente ilegal al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Incluso llegó a implicar en este espionaje a la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Hay que recordar que con Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior se descubrió ya la existencia de esta “policía patriótica”, dedicada a espiar e investigar ilegalmente a políticos y otros adversarios del PP. En especial, esta trama se dedicó a recoger datos, practicar escuchas y realizar pseudoinformes con el objetivo de desprestigiar al independentismo catalán. Algunos de estos dossieres -que contenían datos manipulados o directamente falsos- se filtraron a determinados medios de comunicación. En el caso de Pablo Iglesias, se produjo incluso el robo de un teléfono móvil propiedad de una asesora del líder de Podemos y posteriormente algunos de los datos que contenía el dispositivo fueron publicados por Ok Diario, el medio digital que dirige Eduardo Inda. En definitiva, se trata de una trama dedicada a actividades de especial gravedad y que no era sino una rama más que formaba parte de una gran estructura corrupta con el mismo denominador común: el Partido Popular. Con el agravante de que en esta ocasión es el propio Gobierno el que pone a estructuras básicas del Estado, como es la Policía, al servicio de los intereses de un partido político. Doblemente grave. Una “trama criminal que involucra a poderes policiales, políticos y mediáticos” para atacar a partidos y líderes, como denunció ayer -si bien con un claro tono electoralista- Iglesias en Iruñea. Un asunto que, más allá de su curso judicial, debería tener responsabilidades políticas. Pablo Casado, heredero de este legado corrupto y que se presenta como adalid de la legalidad, tiene la oportunidad de hacerlo.