Editorial de diario de noticias

Espionaje, la doble corrupción del PP

El reconocimiento del excomisario Villarejo ante el juez de la utilización de la Policía por parte del Gobierno de Rajoy para investigar y desprestigiar a rivales políticos es de extrema gravedad

09.02.2020 | 02:49

El reconocimiento de Villarejo ante el juez de la utilización de la Policía por parte del Gobierno de Rajoy para investigar y desprestigiar a rivales políticos es de extrema gravedad.

Los últimos datos conocidos tras la declaración el pasado jueves en la Audiencia Nacional del excomisario José Villarejo -en prisión desde noviembre de 2017 acusado de los delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales- son de extrema gravedad porque apuntalan la tesis, cada vez más verosímil, de la existencia de una trama policial dedicada a espiar a políticos, jueces y empresarios con objetivos espurios. Lo que el corrupto policía retirado relató al juez fue incluso más allá, aunque en la práctica corrobora las sospechas existentes: el Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy utilizó a la Policía para investigar de manera absolutamente ilegal al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Incluso llegó a implicar en este espionaje a la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Hay que recordar que con Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior se descubrió ya la existencia de esta "policía patriótica", dedicada a espiar e investigar ilegalmente a políticos y otros adversarios del PP. En especial, esta trama se dedicó a recoger datos, practicar escuchas y realizar pseudoinformes con el objetivo de desprestigiar al independentismo catalán. Algunos de estos dossieres -que contenían datos manipulados o directamente falsos- se filtraron a determinados medios de comunicación. En el caso de Pablo Iglesias, se produjo incluso el robo de un teléfono móvil propiedad de una asesora del líder de Podemos y posteriormente algunos de los datos que contenía el dispositivo fueron publicados por Ok Diario, el medio digital que dirige Eduardo Inda. En definitiva, se trata de una trama dedicada a actividades de especial gravedad y que no era sino una rama más que formaba parte de una gran estructura corrupta con el mismo denominador común: el Partido Popular. Con el agravante de que en esta ocasión es el propio Gobierno el que pone a estructuras básicas del Estado, como es la Policía, al servicio de los intereses de un partido político. Doblemente grave. Una "trama criminal que involucra a poderes policiales, políticos y mediáticos" para atacar a partidos y líderes, como denunció ayer -si bien con un claro tono electoralista- Iglesias en Iruñea. Un asunto que, más allá de su curso judicial, debería tener responsabilidades políticas. Pablo Casado, heredero de este legado corrupto y que se presenta como adalid de la legalidad, tiene la oportunidad de hacerlo.