Sesenta y seis diputados del PSOE, es decir, más de la mitad de los 123 escaños socialistas, han solicitado por carta la abstención del PP en la sesión de investidura de los próximos días 22 y 23. Son los 66 que se abstuvieron en 2016 en la investidura de Rajoy y tienen escaño en esta nueva legislatura. Además, Pedro Sánchez ha ofrecido a cambio a PP y Cs una reforma de la Constitución -que todos ellos han considerado intocable-, más concretamente de su art. 99 sobre el proceso de investidura, para evitar bloqueos y que siempre pueda gobernar la lista más votada. Al tiempo, el candidato socialista ha expresado las “discrepancias profundas” con Unidas Podemos en torno al conflicto catalán que dificultan un acuerdo y entre ellas ha llegado a citar la postura de los que lidera Pablo Iglesias en torno a una hipotética nueva aplicación del art. 155 en Catalunya como respuesta a una posible reacción soberanista a la sentencia del Supremo. Y paralelamente la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, trataba torpemente de autojustificarse afirmando que a otros grupos -entre ellos el PNV, que sin embargo lo ha negado de modo nítido- se les podría “hacer cuesta arriba” un gobierno de coalición con Podemos. El resumen es evidente: el socialismo ha remarcado las diferencias y dificultades con todos aquellos que podrían ser sus aliados para la investidura, y a continuación para un gobierno de progreso, es decir, los mismos que facilitaron la moción de censura a Rajoy y la llegada de Sánchez a la Moncloa, mientras se inclina hacia quienes han fracasado en conformar una alternativa junto a la ultraderecha y han reiterado su oposición radical al ejecutivo socialista. En ese caldo de cultivo, creado por el continuo intento del PSOE de compartir con los demás la responsabilidad que le atañe en una previsible investidura fallida, las convocatorias, exclusivamente a Iglesias, para negociar deben entenderse como parte de la estrategia incluso cuando, por fin, se apela al dialogo sobre propuestas programáticas y se plantea crear grupos de trabajo. Sánchez, en todo caso, yerra. Cuando remarca las distancias, abona la desconfianza en aquellos a los que necesita. Que son quienes pretenden una distinta concepción del Estado en lo político, social, económico y/o territorial y el electorado que el 28 de abril le otorgó la mayoría minoritaria con que en estos momentos cuenta.