el cierre del Parlamento de Westminster impulsado por Johnson -y avalado por la reina Isabel II, de 93 años, 67 de ellos ejerciendo el cargo-, para evitar que la oposición pudiera bloquear en la Cámara británica su intención de imponer un brexit es otro paso más en la devaluación del sistema democrático que sostiene el proyecto de unión europea original. Ni Johnson ni Isabel II han sido elegidos en unas elecciones. Si no es un golpe de Estado político -por mucha legalidad en que se apoye-, se le parece mucho, pues su objetivo no es otro que bloquear el debate parlamentario e impedir la formación de mayorías que puedan impedir a Johnson cumplir su objetivo de abandonar la UE por las malas. De hecho, así lo han entendido cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas británicas que han salido a las calles a protestar por la medida y que en menos de 24 horas han sumado más de 1.5 millones de firmas para poder revertir la medida en los próximos días. También en el propio partido de Johnson, donde ha comenzado una cascada de dimisiones que encabezó la líder del Partido Conservador en Escocia. El problema de origen quizá es que la UE nunca se ha tomado suficientemente en serio la avalancha ideológica que se le estaba viniendo encima desde hace ya casi una década elección tras elección, posiblemente porque los burócratas de Bruselas nunca se han tomado lo suficientemente en serio a personajes como el actual Premier británico o como Salvini en Italia. Como tampoco los dirigentes europeos, con la excepción quizá de Merkel, se han tomado en serio las alertas que llegaban desde EEUU sobre las verdaderas intenciones de Trump con la UE. Al menos hasta ahora, cuando quizá ya sea tarde. Europa, con sus problemas , carencias y defectos, sigue siendo un espacio -junto a Canadá, Australia o Nueva Zelanda principalmente-, en el que valores como la solidaridad y la justicia forman parte de su corpus democrático fundamental. El cierre del Parlamento británico o el estado de sitio que se impuso el pasado fin de semana en Iparralde para la Cumbre del G7 con miles de policías y militares en la calles y la supresión de los derechos civiles, entre ellos el de circulación y libertad de movimientos, de miles de ciudadanos son dos ejemplos que confirman una involución del proyecto europeo original que afecta tanto a sus bases democráticas como a su modelo socioeconómico de bienestar y cohesión social.