la mayoría absoluta del Parlamento de Navarra -30 de 50 escaños- ha aprobado una nueva declaración institucional, por propuesta de Geroa Bai, que rechaza los argumentos empleados por PP, Ciudadanos y VOX en su recurso ante el Tribunal Constitucional de la Ley Foral de Reconocimiento de las Víctimas de Violencia policial o de grupos de extrema derecha. El nuevo recurso de las derechas, que ha tenido el respaldo también de UPN desde Navarra Suma -pese a que en el inicio de esta normativa foral no se opuso-, intenta poner trabas una vez más al reconocimiento de las víctimas de otras violencias. Los hechos que trata de poner en valor el reconocimiento y la memoria de personas que fueron víctimas de la violencia ultra, parapolicial y de la guerra sucia están asumidos y reconocidos y rechazados por la inmensa mayoría de la sociedad navarra. Forman parte también de esas décadas de violencia que ha sufrido este país con ETA como principal protagonista. Es imposible negar que ha habido agresiones y asesinatos de grupos de ultraderecha, que ha habido detenciones ilegales y personas torturadas por funcionarios públicos y que ha habido terrorismo de Estado. No solo está documentado, sino que hay sentencias y condenas judiciales que lo corroboran, tanto de los tribunales ordinarios y altos tribunales del Estado como de la UE. Pese a esa realidad objetiva, el Constitucional anuló en 2018 la normativa original, impulsada por I-E en 2015, por una cuestión administrativa y con el voto particular en contra de 5 de los 12 magistrados. Este año, el Parlamento elaboró una nueva ley foral para subsanar ese más que discutible fallo judicial que fue otra vez recurrido por los grupos derechistas y que ahora ha vuelto a admitir el TC. En realidad, la ley solo pretende la equiparación de todas las víctimas de las violencias desde 1960 y trata de poner fin a una injusticia política e institucional en el trato de las personas y familias que han sufrido el terrorismo, la persecución, las torturas y los malos tratos más allá del terrorismo de ETA. Supone un injusto intento de discriminación y de obviar una parte del sufrimiento humano generado por la violencia. No puede haber ni admitirse en una sociedad democrática -más aún en el caso de Navarra, donde hay todavía miles de víctimas del genocidio franquista desaparecidas-, víctimas de primera o de segunda, ni menos aún una división de las víctimas por intereses partidistas. La ley es necesaria si lo que se pretende es construir una sociedad desde valores democráticos.