Editorial DE DIARIO DE NOTICIAS

Agur al genocida, con premura y reserva

La salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos que ha avalado el TS no debe ofrecer otra ocasión al tergiversado culto al sátrapa, ni pretender que cancela la deuda de memoria y reparación a sus víctimas

10.02.2020 | 04:26

La salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos que ha avalado el Tribunal Supremo no debe ofrecer otra ocasión al tergiversado culto al sátrapa, ni pretender que cancela la deuda de memoria y reparación a sus víctimas.

la desestimación por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo del recurso interpuesto por la familia de Franco para impedir la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos y el aval de la justicia a que finalmente sea depositado en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo) y no en la Catedral de la Almudena, como pretendían los Franco, es la constatación judicial efectiva de la anormalidad democrática que supone el mantenimiento del mausoleo al dictador casi medio siglo después de su muerte. Y constatada dicha anomalía, la decisión unánime de los seis magistrados de la Sección Cuarta debe emplazar al gobierno del Estado presidido en funciones por Pedro Sánchez a ejecutar la exhumación y traslado de los restos del genocida con las máximas premura y reserva, en evitación de que la exigencia ética de poner fin al culto al tirano se puede convertir en una nueva oportunidad de que sus herederos políticos tuerzan la historia, deformen la realidad y ensalcen al protagonista de un golpe de Estado contra la legalidad establecida de la República y responsable de horrendos crímenes catalogados entre los de lesa humanidad. Solo cuando la operación se realice así, sin caer en la tentación -y a la vez el riesgo- del uso electoralista de una exhumación que debía haberse realizado mucho antes pero que tampoco se efectuó con anteriores gobiernos del PSOE, la decisión del Tribunal Supremo podrá considerarse en su simbolismo en cuanto a que acaba con una parte, si bien aún nimia, de la impunidad que los herederos del dictador, tanto genealógicos como ideológicos, han gozado desde la denominada transición. Otra cosa bien distinta es la consideración de su efectividad. Porque aun si bien la salida de los restos del sátrapa del Valle de los Caídos y su traslado a un panteón de propiedad pública constituyen una demanda insoslayable para un Estado que se denomina a sí mismo democráctico, esta viene acompañada por la deuda de memoria y reparación a sus víctimas. Y dicha responsabilidad comprende tanto la muy difícil conversión o la demolición del mausoleo en el que se ha venerado a Franco y su ideología durante décadas como la culminación de las labores de recuperación, identificación y devolución de los asesinados por el franquismo que todavía hoy siguen pendientes.