Todo, absolutamente todo, en las 493 páginas que cierran, a espera de los recursos, el juicio por el procès; es la consumación de un exagerado retorcimiento de la legalidad que convierte la justicia en mera herramienta punitiva del Estado. Desde la tipificación de los delitos y sus argumentaciones, si cabe así denominarlas, hasta las condenas de entre 9 y 13 años aplicando sus más altos grados, pasando por el tono y la literatura que el ponente de la sentencia del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, utiliza en la misma reniegan del derecho como expresión de la idea de justicia para regular las relaciones humanas. La sentencia simplemente culmina un tetris en el que desde el inicio del proceso se ha ido dirigiendo la ley al hueco en el que encaja con la oportunidad política, la conveniencia ideológica y el interés del Estado a través de una interpretación encaminada a ¿fundamentar? un escarmiento. Un tetris autocrático en el que a los magistrados del TS ni siquiera les importa contradecirse, considerando delito en unos casos lo que se desestima como tal en otros, incluso aunque en todos sea igualmente inexistente, que mezcla conceptos y agravantes o ignora atenuantes -basta citar los articulos 544 a 548 del Código Penal sobre la sedición, un delito contra el orden público- con tal de cuadrar en la condena la cuantía de años que solo en su desproporción consideran adecuada como precedente. Porque la sentencia que firman Manuel Marchena, Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta no ha buscado impartir justicia, pretende ajusticiar al soberanismo catalán y, con él, cualquier intento de cuestionar la imposición de la concepción unitaria, homogeneizadora y patriotera de un Estado que, pese a la campaña plurilingue del gobierno español- ¿por qué es necesario remarcárselo al mundo precisamente ahora?- es incapaz de asentarse democrático, infectados sus poderes, y la justicia es todo menos una excepción, de carencias históricas. El TS, en esa desmesura con que somete la democracia a sus ideologizados designios, en ese exceso con que asienta el despotismo judicial como forma de gobierno, condena a Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, Forcadell, Rull, Sánchez y Cuixart a la cárcel, pero sentencia al Estado español.