Editorial

Fase 2, convivencia y normas claras

23.05.2020 | 01:19
Una madre lleva a su hijo en bici por Pamplona.

Ni quien gestiona las instituciones y vela por la sociedad puede regular cada aspecto de la actividad, ni los ciudadanos pueden pretender eludir su responsabilidad y las obligaciones del sentido común

la continuación de aquello que los creativos del gobierno de Pedro Sánchez denominaron "desescalada" hacia la "nueva normalidad" y la entrada a partir del lunes de Navarra, la CAV y otras comunidades en una nueva fase que permitirá, por ejemplo, eliminar franjas horarias, ampliar aforos y modos en la hostelería, iniciar actividades culturales de forma acotada, acceder con limitaciones a playas o aumentar las posibilidades de práctica deportiva conllevarán de nuevo la redacción e implantación de medidas con la pretensión del control de actividades que la sociedad había convertido antes de la pandemia en hábito y que el subconsciente colectivo durante muchas décadas ha considerado ordinarias, "normales", por frecuentes. La regulación de las mismas y la vigilancia o inspección del cumplimiento de sus límites, establecidos por los distintos niveles y responsabilidades institucionales, se convierten, sin embargo, en una labor ingente, cuando no imposible, si se realiza con vocación exhaustiva y pretensión de ahormar todas las actividades cotidianas a la letra de órdenes que, pese a su loable objetivo de preservar la salud pública, no siempre son capaces de comprender, en el doble sentido de entender y abarcar, una realidad tan diversa como compleja. Así pues, ni quienes gestionan las instituciones que representan y administran la sociedad –y por tanto se deben a la labor de velar por esta– pueden tratar de regular cada aspecto, por parcial y puntual que sea, de la actividad cotidiana ni los ciudadanos deben pretender que lo hagan para así eludir su propia obligación de cumplir con los dictados del sentido común y la responsabilidad personal que convertirían dicha regulación en un mero trámite y el control de su cumplimiento en innecesario. No se trata, en realidad, de que las administraciones regulen cada quince días al detalle –desde el uso de mascarillas a la medición de distancias o del tiempo de estancia o práctica– lo que puede y no puede hacer el ciudadano, que ya ha cedido gran parte de sus libertades individuales en la búsqueda de una seguridad siempre en cuestión porque a lo largo de la historia sus necesidades se hacen crecientes, sino de que cada uno respete lo esencial de las normas generales que dicta como necesarias la convivencia para no ponerse ni poner a nadie en riesgo.