A ratificación esta semana con amplia mayoría del Congreso de los Diputados del decreto que regula la nueva normalidad tras el fin del estado de alarma por la pandemia del coronavirus y la aprobación por el Consejo de Ministros de las nuevas condiciones que regirán los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) debidos a la pandemia y su extensión hasta el 30 de septiembre son medidas que resultaban imprescindibles para afrontar los nuevos tiempos de crisis y los planes de reconstrucción. Al mismo tiempo, suponen un pequeño hito en la política española, demasiado instalada -y en algunos casos, demasiado cómoda- en la confrontación y la bronca más barriobajera, ya que, por primera vez en mucho tiempo, han salido a la luz gracias al diálogo y al acuerdo entre diferentes, al menos de momento. Tanto la regulación de la nueva realidad ya fuera del estado de alarma, aunque con medidas restrictivas y de cierto control ante la amenaza del covid-19 -y a cuyo consenso terminó por sumarse el PP- como, sobre todo, la extensión de los ERTE, pactada casi in extremis por el Gobierno español con la patronal, los sindicatos y asociaciones de autónomos, eran medidas largamente esperadas que refuerzan la necesidad del consenso para superar esta dura crisis, también amenazada por la extensión de los rebrotes. En el caso de los ERTE -a los que se han tenido que acoger cientos de empresas navarras y han afectado a miles de trabajadores-, la prórroga y las condiciones que regirán los expedientes, con nuevos esquemas de exoneraciones en el pago de las cotizaciones sociales y un supuesto específico en caso de rebrotes, suponen un alivio tanto para las compañías como para los asalariados, que mantienen las coberturas ampliadas en las prestaciones por desempleo. Son medidas que sin duda están resultado claves para salvar empresas y miles de puestos de trabajo y pueden calificarse de imprescindibles y excepcionales para momentos excepcionales. Al mismo tiempo, deben servir como base para la reactivación de la economía y el empleo. Los últimos acuerdos alcanzados pueden constituir, además, una guía para nuevos consensos, por ejemplo en la nueva ley que prepara el Gobierno para regular el teletrabajo, y no solo respecto a la pandemia.