l Gobierno de Navarra confía en poder aplicar la Ley Foral de Abusos Policiales una vez que el Tribunal Constitucional (TC) avalase el pasado martes la norma vasca homóloga. Ambas habían sido recurridas en septiembre del pasado año. El TC anuló la primera ley navarra, que presentó una segunda a continuación en la que recogía, precisamente, los cambios realizados por la CAV. Ahora, el Constitucional reconoce que el Ejecutivo vasco tiene plena legitimidad para satisfacer el derecho que poseen las víctimas de abusos policiales a su reconocimiento y reparación incluso sin que exista sentencia judicial y con todas las garantías, ya que este amparo a los damnificados no supone una invasión de competencias reservadas a la justicia ni vulnera garantías constitucionales como el derecho a la tutela judicial efectiva. Aunque queda pendiente aún otro fallo también del TC que debe responder a un recurso de inconstitucional contra esta ley presentado por el PP (que también lo hizo en Navarra, además de Ciudadanos y Vox), la similitud de los argumentos esgrimidos por los recurrentes invita a pensar en una resolución en los mismos términos, por lo que el aval a la norma y -lo que es más importante- al derecho de las víctimas resulta incuestionable. Sobre todo, porque el tribunal es contundente en su sentencia al establecer que la ley no pretende -porque no podría- esclarecer posibles delitos, sino "constatar la existencia de víctimas y su eventual derecho a reparación". Asimismo, el TC despeja todas las posibles dudas jurídicas sobre la competencia de la comisión de valoración contemplada en la ley al determinar que no invade "potestades judiciales" ni investiga los hechos, aspecto que fue especialmente cuidado a la hora de redactar la norma. En consecuencia, esta nueva sentencia del Constitucional supone, además de despejar el horizonte a la norma aprobada por el Parlamento foral, un varapalo para quienes desde el mismo inicio del proceso para su gestación han tratado de impedir que la ley viera la luz, utilizando para ello premisas y razonamientos falsos con el único objetivo de imposibilitar que víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos por intervención de fuerzas y cuerpos policiales obtengan un mínimo reconocimiento y reparación. Una sentencia, en fin, que ampara a las víctimas y que debe suponer un gran paso en materia de memoria y convivencia.
