La decisión de Juan Carlos de Borbón de abandonar el Palacio de la Zarzuela y marchar al exilio era un paso ineludible y desesperado para tratar de salvaguardar la continuidad de la Monarquía tras las sucesivas informaciones de los últimos años y meses sobre sus negocios opacos y las recientes investigaciones abiertas por fiscales suizos y españoles sobre sus supuestos fondos de origen al menos dudoso a su nombre en varios paraísos fiscales. Un final bochornoso para quien ha protagonizado una plácida vida como Rey al amparo y la cobertura de todos los poderes políticos, económicos, judiciales y mediáticos en un inmenso circo de sumisión y servilismo mientras se enriquecía personalmente al margen de la leyes que obligan a todos los ciudadanos, y más a él primero como Jefe del Estado. En realidad, todas esas sombras ya han sido publicadas a lo largo de los años: negocios ocultos, evasión de capitales, comisiones, fraude fiscal, papel político en el 23-F, amantes -la prensa española las denomina amigas-, cloacas policiales, papeles de Villarejo, servicios secretos... todo un pozo de insalubridad ética, política e institucional. El problema que los lodos ya han desbordado el pozo y las amenazas judiciales han obligado a las estructuras del Estado a buscar una puerta de huida. El exilio de Juan Carlos de Borbón es un intento desesperado de tratar de proteger la deteriorada imagen de la Monaqrquía y de Felipe VI y la continuidad de una Casa Real que acumula en su ya larga historia en España otros episodios similares en sus protagonistas y en su relato de corrupciones al amparo de su cargo institucional y de sus privilegios legales. Han sido los mismos aduladores que han convertido el derecho de ciudadanía en un Estado democrático en una simple condición de súbditos los que ahora han presionado para forzar el exilio de Juan Carlos de Borbón. Con el Gobierno de Sánchez al frente y buena parte de los empresarios, periodistas y financieros que sabiendo todo ello o incluso facilitando esas tropelías lo han ocultado durante décadas. Aunque quizá le importe más bien poco este castigo a quien, según han publicado prestigiosos medios internacionales, acumula una fortuna oculta de hasta 2.000 millones. No es nuevo este tipo de episodios bochornosos en la historia de la relación de España y esta rama de los Borbones. De momento, Juan Carlos huye de España sin asumir ninguna responsabilidad penal. Y Felipe VI continúa con amplio respaldo de los poderes del Estado. Un exilio forzado para que todo siga igual. l