Editorial

De jueces y juicio

23.01.2021 | 00:54

La ratificación por el TSJC de la suspensión cautelar del aplazamiento de las elecciones catalanas confirma la absoluta judicialización de la política en Catalunya, resultado de la manifiesta incapacidad de acuerdo

Más allá de la ratificación el jueves por la sección 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la suspensión cautelar del aplazamiento al 30 de mayo de las elecciones al Parlament y, por tanto, del mantenimiento de la convocatoria del 14 de febrero, y aún a expensas de la decisión final sobre el aplazamiento, que se conocerá precisamente en plena campaña para el 14-F, el mero traslado a dicha instancia judicial del recurso contra el decreto del Govern que retrasa la cita electoral confirmaba ya la absoluta deriva de judicialización que padece la política en Catalunya. Y su admisión por el TSJC, el posicionamiento en la misma de los estamentos del poder judicial. Que el Tribunal Superior se aviniera a estudiar el recurso de una formación política extraparlamentaria –Izquierda en Positivo– contra un acuerdo del Govern que contaba con el apoyo de todos los partidos del Parlament con la salvedad del PSC deja intuir algunas prioridades en la más alta instancia judicial en Catalunya. Confirmadas solo horas más tarde con la coincidencia temporal de la inhabilitación de un año –por haber organizado los preparativos del 1-O cuando era alcalde de Agramunt– al conseller Bernat Solé, cuyo departamento se encarga de los preparativos de las elecciones catalanas. Pero incluso con anterioridad al debate sobre si el decreto de la Generalitat es o no jurídicamente irreprochable y da o no pie a recursos o de si el Govern lo soluciona con otra redacción en un nuevo decreto, el verdadero problema radica en la incapacidad de los partidos catalanes para llegar a acuerdos –que se han obtenido sin problema en Euskadi y Galicia sin ir más lejos– ni siquiera cuando se trata de una cuestión de salud pública y de la posible incidencia del agravamiento de la pandemia en la afluencia a las urnas. Herramientas fundamentales de la acción política, voluntad de acuerdo y garantía de participación democrática quedan postergadas, al parecer, por los intereses partidistas y el efecto en los mismos de los análisis de mercadotecnia electoral –el CIS daba también el jueves los resultados de un sondeo que sitúa al ministro Illa, candidato del PSC, con opciones de ser el más votado– que se dicen capaces de predecir los beneficios en la elección de una fecha para uno u otro candidato.