Editorial

El confuso fin del estado de alarma

30.04.2021 | 00:48

La amenaza de la pandemia del coronavirus es demasiado explícita y letal aún como para fiar su gestión desde mayo a la expectativa de una inmunidad comunitaria que difícilmente llegará antes de septiembre

Navarra sigue instalada en una situación grave y preocupante desde el punto de vista sanitario y hospitalario debido a la incidencia de la pandemia del coronavirus pese al evidente avance progresivo de la vacunación y el constante incremento de miles de navarras y navarros que reciben los viales cada semana. Aunque la tasa de positividad se ha ido moderando y ralentizando en los últimos días, el número de contagios diarios sigue siendo alto y sería precipitado hablar de un cambio de tendencia a la baja de esta cuarta ola. Los próximos días y semanas serán, por tanto, claves para comprobar la evolución de la pandemia de coronavirus, que ya ha causado más de 1.200 víctimas mortales en Navarra. Y más de 4.000, por ejemplo, en la CAV. De hecho, los mensajes de la consejera Induráin y de los responsables de Osasunbidea siguen insistiendo en la necesidad de mantener la tensión de las precauciones y de las restricciones, porque la situación sigue siendo de alto riesgo. Unos mensajes que dan la medida de la fuerte presión que están padeciendo los hospitales navarros y las UCI y más aún las Urgencias. No es un problema de que las restricciones que se han puesto en marcha para tratar de frenar al virus no estén surtiendo efecto. Al contrario, es evidente que están impidiendo que la situación sea insostenible. Las medidas, unidas a la vacunación –proceso en el que estos días habrá un fuerte acelerón–, están salvando vidas e impiden el colapso sociosanitario. Sin embargo el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en su unilateral planteamiento de hacer decaer el estado de alarma el próximo 9 de mayo y con ello las restricciones que afectan a derechos fundamentales como el toque de queda o las reuniones convivenciales privadas. Una decisión cada vez más incomprensible, al menos si se compara con la realidad de los datos y las valoraciones de los responsables sanitarios del Gobierno de Navarra. Siguen sin ofrecerse argumentos sanitarios ni epidemiológicos que sustenten lo que a todas luces es una decisión a espaldas de la excepcionalidad del momento. La expectativa de vacunación a finales del verano, que pretende extender la inmunidad al 70% de la población, no explica la suspensión del marco jurídico que permite adoptar medidas de control –toda vez que no se ha querido propiciar uno alternativo–, desde cuatro meses antes, cuando estamos a años luz de todo atisbo de inmunidad comunitaria.

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