Editorial

En un bucle

07.08.2021 | 02:05
En un bucle

El debate abierto sobre la posible obligatoriedad de la vacunación de los sanitarios y empleados de residencias colisiona, de nuevo, con la falta de garantías jurídicas para adoptar este tipo de medidas

tras más de diecisiete meses de lucha constante contra la pandemia de covid-19, el proceso de vacunación ha alcanzado cotas muy altas –en Navarra más del 70% de la población mayor de 12 años tiene ya las dos dosis–, aunque se está demostrando que no es suficiente para frenar al virus. El impacto de la quinta ola sigue dejando cada día más de un millar de nuevos contagios, lo que está teniendo una importante repercusión en los hospitales –incluidas las UCI– y también ha provocado que la enfermedad regrese a las residencias de mayores. Estas circunstancias están avivando el debate respecto a la posibilidad de establecer la obligatoriedad de la vacunación contra el covid-19 para algunos colectivos profesionales, como los sanitarios y el personal que trabaja en las residencias. Asimismo –y aunque obviamente estas medidas tienen carácter distinto–, también se plantea por parte de varias comunidades la obligación de contar con un pasaporte covid –certificado de vacunación, prueba de detección negativa o comprobante de estar recuperado– para tener acceso a determinados locales públicos, como bares y restaurantes, o a transportes públicos de largo recorrido. Algunos países europeos como Italia y Francia han aprobado ya medidas de este tipo, en el caso galo con el aval del Consejo Constitucional. Si bien es cierto que, en general, la inmensa mayoría de la población y del personal de la salud y de los centros de mayores se ha vacunado de manera ejemplar, el debate sanitario, ético y jurídico está encima de la mesa. No cabe duda de que determinadas profesiones que tienen contacto estrecho con personas vulnerables deberían vacunarse en todos los casos, ya que de no hacerlo pueden poner en riesgo la salud pública. Pero la obligación choca con la ley y puede suponer una colisión de derechos, ya que la negativa de los profesionales a vacunarse puede conllevar la suspensión de empleo y sueldo o un cambio de funciones. Una vez más, la flagrante ausencia de legislación sobre la pandemia por parte del Ejecutivo español está suponiendo una carencia absoluta de cobertura jurídica para adoptar algunas medidas. El TC ya anuló la vacunación obligatoria en Galicia. Las comunidades se encuentran en un bucle en el que carecen de herramientas y garantías legales mientras el Gobierno Sánchez ni siquiera se plantea abrir el debate.

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