l verano, que se preveía plácido y de tono plano en la política del Estado español ha tenido hasta ahora, sin embargo, tres crisis de importancia, abordadas de forma muy dispar por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. La aparentemente imparable subida del recibo de la luz ante la impotencia del Ejecutivo -algunos de cuyos ministros y ministras se han enzarzado en propuestas y ocurrencias contradictorias-; la grave crisis abierta por la devolución a Marruecos de menores que se encontraban acogidos en Ceuta -si bien es cierto que en condiciones pésimas- en un procedimiento que sigue albergando serias dudas sobre su legalidad y el respeto a los derechos de estos niños; y, de manera sobrevenida, la toma del poder en Afganistán por parte de los talibanes y sus consecuencias humanitarias. Temas que han sido y continúan siéndolo problemas de gestión que la oposición ha utilizado contra Sánchez. El presidente, de vacaciones en Lanzarote, ha permanecido en silencio hasta el pasado viernes, momento en el que arropado y elogiado su "liderazgo" por las autoridades europeas por su gestión en la acogida a los colaboradores de la UE en Afganistán, supo aprovechar un espaldarazo internacional sin precedentes para acallar las diatribas de un PP cada día más desnortado. Pero el éxito de imagen de este operativo, bien utilizado por Sánchez, pese a sus lagunas, mediante la deseada fotografía junto a Ursula von der Leyen y Charles Michel, no puede ocultar que tanto en este terreno de la crisis afgana como, sobre todo, en los otros asuntos, el Gobierno debe explicaciones a la ciudadanía y al Congreso. De momento, el presidente español no ha entrado a valorar las actuaciones de su gabinete y evitó aclarar si comparecerá en sede parlamentaria para ofrecer las explicaciones oportunas y someterse al examen de los grupos, limitándose a confirmar que sí lo harán algunos de sus ministros. Con todo, las explicaciones son obligadas, toda vez que las crisis abiertas son de envergadura y existen dudas razonables sobre el alcance y las bases sobre las que se están acometiendo. En especial, en el ya sangrante precio de la energía y en la legalidad de la actuación en Ceuta, sobre la que existe una preocupación creciente respecto al respeto de los derechos de los menores y a los acuerdos internacionales en este ámbito.