a propuesta de la Hacienda Foral de rebajar la fiscalidad a las rentas medias y bajas aumentando los mínimos de aportación familiares y personales en el IRPF y la disposición no sólo de los partidos que respaldan al actual Gobierno de Navarra -la medida ya estaba recogida en el Acuerdo Programático que posibilitó la investidura de María Chivite como presidenta en 2019-, sino también de las formaciones de la oposición como Navarra Suma y EH Bildu abre el camino a un nuevo debate sobre la fiscalidad en Navarra. Posiblemente, un debate que compaginará su andadura con la negociación para la renovación del Convenio Económico, el diseño de los Presupuestos de Navarra para 2022, la capacidad de aumentar el déficit público hasta el 0,9% del PIB foral -unos 200 millones-, y la disponibilidad que aporten la llegada de los fondos europeos. Y seguramente el debate fiscal que necesita Navarra este siglo XXI tampoco se limitará a esta rebaja impositiva en el IRPF, sino que puede alcanzar al Impuesto de Sociedades en el ámbito de las deducciones fiscales que lo amparan, a la espera de las conclusiones del grupo de expertos fiscales creados por el Gobierno foral para analizar la realidad de este impuesto, cada vez más oscurantistas y confuso, y a la gestión de los nuevos impuestos globales como la Tasa Google a las empresas tecnológicas y la Tasa Tobin a las transacciones financieras. Navarra ha aprovechado la dinámica positiva de la economía y la buena gestión política y fiscal del Gobierno desde 2015 para impulsar la creación de empleo, mejorar la confianza y aumentar la recaudación con una política tributaria redistributiva que también le ha situado en los ratios más altos de cohesión social, servicios públicos y protección común. Es decir, el Estado de Bienestar de Navarra ha recuperado su fiabilidad tras las políticas de austeridad y recortes que debilitaron las prestaciones de los servicios públicos. Por ello, el Gobierno de Chivite debe ser consciente, ante la elaboración de los Presupuestos de 2022, de que la eficacia y el rigor en la distribución de los recursos públicos y de sus prioridades y la necesidad de una política fiscal equitativa y progresiva en función de la riqueza que deje de priorizar los intereses de las rentas de capital y sucumbir a la demagogia fiscal son fundamentales para que el sistema foral de igualdad de oportunidades, educación, sanidad y atención social de calidad y la máxima integración colectiva de la sociedad navarra siga avanzando.