a proximidad del proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado -clave para impulsar la recuperación-, ha servido para que se reabra un diálogo multilateral que durante meses pareció paralizado. La evidencia dice que un Ejecutivo como el que preside Pedro Sánchez, en constante minoría parlamentaria, necesita practicar el diálogo de forma constante con la representación ciudadana que no participa directamente de las decisiones del gabinete. La semana ha supuesto para la coalición de gobierno en Madrid un mal trago en relación al respaldo condicionado que pueda proporcionar EH Bildu. El coste del desliz o la provocación intencionada de Arnaldo Otegi al vincular respaldo a excarcelaciones sigue siendo objetivamente alto para Sánchez. Sea o no casual, el presidente ha acelerado la maquinaria que explora otros acuerdos ajenos a la influencia de EH Bildu. Materializando los consensos mínimos trabajados en fechas pasadas, ha logrado proyectar un pacto con el Partido Popular en relación a la renovación de órganos institucionales que permanecían en régimen de interinidad. Además, con ERC ha soslayado la enmienda a la totalidad de la Ley de Convivencia Universitaria y el Gobierno también ha pactado con el PNV la derogación de la ley mordaza’ que dormía el sueño de los justos en un cajón por pura conveniencia de la mayoría de PSOE y Unidas Podemos en la Mesa del Congreso. La veda del acuerdo se ha abierto, lo que no deja de ser satisfactorio, aunque resulte triste que se reproduzca una y otra vez la necesidad particular del Gobierno como razón para consensuar decisiones que, como las citadas, favorecen al conjunto de la ciudadanía, no a una siglas. En adelante, esa voluntad de acuerdo tiene que coger velocidad y encarar, en el caso de Navarra, asuntos que requieren garantías prácticas, toda vez que las verbales ya se ofrecieron en el pasado. Entre ellas y de forma prioritaria, la renovación del Convenio Económico y la aportación foral a las cargas del Estado. Las cuentas de Sánchez para 2022 tienen que ser también las de quienes se las aprueben y acoger en ellas y en la actitud del Gobierno central hacia otros compromisos previos un talante de consenso. Se trata de que alcanzar la mayoría que precisa Sánchez, al igual que le ocurre a Chivite en Navarra, obliga a consensuar.