La puesta en marcha del sistema de reparto de menores migrantes entre las autonomías sigue marcada por un relato manipulado que sólo oculta la pretensión de la derecha de seguir ampliando su base de apoyo social mediante la desinformación y la incitación al temor y la xenofobia del relato más ultra. La responsabilidad del Partido Popular, que tiene motivos para saber de primera mano la realidad de esta situación en tanto gobierna en lugares que lo padecen –Ceuta, sin ir más lejos, ha sido la primera en acogerse a la solicitud de ayuda por la emergencia–, es grande en ese sentido.

El relato de los populares ha evolucionado poco desde que su actual secretario general, Miguel Tellado, reclamara meses atrás el despliegue de la armada para evitar la llegada de cayucos, en un alarde de ignorancia y una confesión de su concepto del derecho humanitario. Hoy, el partido y sus barones se aferran a la insumisión a la ley y al recurso de la misma para dilatar el obligado ejercicio de corresponsabilidad y solidaridad que eluden. El decreto aprobado para regular los criterios de reparto es claro en sus condiciones y equilibrado en la demanda de implicación de las administraciones autonómicas. El relato de aquellas que sostienen no disponer de medios para acoger más del insuficiente número de menores que ahora atienden refleja la falta de voluntad de cumplir con los mínimos asistenciales, que no han dotado en el pasado ni quieren hacerlo en el presente. Cuando este discurso coincide con políticas de reducción de ingresos públicos, que esas mismas administraciones del PP aplican, la fotografía de la deslealtad queda completa. Autonomías como la vasca y la navarra han hecho y hacen un esfuerzo claro y medible para cumplir con principios solidarios y humanitarios. La ficción que se pretende construir en torno al discurso del efecto llamada que esas medidas suponen, sería equiparable a cualquier otro servicio público –sanidad, educación, etc–.

Pero, además, queda en evidencia en tanto aquellas autonomías que no cumplen en igual medida con su responsabilidad asistencial no dejan de recibir igualmente apersonas perseguidas y desesperadas; simplemente, son objeto de abandono por los responsables públicos. El debate no ha avanzado en los últimos meses porque quienes lo utilizan para agitar el malestar ciudadano en beneficio propio carecen de respuestas alternativas. Es una huida hacia adelante.